Causas estructurales del déficit fiscal

El déficit fiscal es un problema que se ha convertido en parte de la historia económica nacional de las últimas tres décadas. El  faltante actual en las finanzas públicas se debe a la lenta evolución de los ingresos fiscales y al crecimiento acelerado de los gastos, especialmente en los últimos seis años. Su origen obedece a elementos estructurales de nuestra política fiscal, e implica soluciones del mismo nivel y de alta complejidad, que requiere, a su vez, de acuerdos nacionales para atender este problema latente en nuestras finanzas públicas, los cuales han estado ausentes desde la década de los ochenta.

Por el lado de los ingresos, además de los altos niveles de incumplimiento tributario y las amplias exoneraciones que se han creado a lo largo del tiempo, aún no atendemos la deuda histórica de compensar los recursos perdidos por la estrategia de apertura comercial, o sea, los impuestos que se derivaban del comercio exterior. A mediados de la década de los 80 estos representaban cerca del 3,5% del PIB, en la actualidad, representan solo alrededor del 0,6%. Esta reducción obedece a la política de desgravación arancelaria unilateral de los últimos 30 años, así como al creciente número de tratados de libre comercio de los últimos dos decenios.

De ninguna manera este llamado a atender este faltante de ingresos, debe interpretarse como un discurso en contra del libre comercio, o particularmente contra los tratados comerciales, pero tampoco el libre comercio debe ser una política que afecte de alguna manera la estabilidad fiscal en el largo plazo.  Es necesario que el país piense en las maneras de compensar la pérdida que las diferentes estrategias de apertura han tenido en los ingresos tributarios, incluidos los tratados de libre comercio. Por ejemplo, según la publicación “Recaudar para Crecer“, del Banco Interamericano de Desarrollo, para el año 2004 se había fijado la eventual pérdida fiscal producto del CAFTA en un 0,6% del PIB, luego de 10 años de vigencia del Tratado.

La reducción de aranceles ha venido afectando la base de cobro del impuesto general sobre las ventas, uno de los pilares de nuestro sistema tributario. A esto se ha sumado, además, al deterioro de este tributo en los últimos años como consecuencia de la nueva estructura económica del país, en la que ha ganado una mayor participación el sector servicios, mismo que no está gravado de forma generalizada con dicho impuesto. Esto ha provocado la disminución del porcentaje que este impuesto recauda en relación al PIB, lo que justifica la necesaria modernización de la legislación para ampliar su base imponible.

Otros elementos que han incidido en forma significativa en la disminución del ritmo de incremento de los ingresos,  tienen que ver con los sistemas informáticos de cobro, que manifiestan un rezago importante y una serie de dificultades para que los contribuyentes utilicen medios electrónicos para pagar. Además,  la escasa actualización informática ha limitado la aplicación de controles cruzados.  Este ha sido el diagnóstico que hemos presentado en diferentes foros internos y a los organismos financieros internacionales desde el año pasado.

Desde el año 2014 y en lo que llevamos del 2015, hemos venido trabajando con la legislación vigente, buscando una mayor recaudación, aplicando estrategias para reducir la evasión y mejorar el control tributario.

Pero además,  nuestra Administración Tributaria requiere fortalecerse y por ello se propuso el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude, así como el Proyecto para Mejorar la Lucha contra el Contrabando. Sumado a los proyectos que enviaremos oportunamente para la reforma de los tributos de renta y ventas, la aprobación de estas normas, puede ayudar a cerrar la brecha histórica de decisiones en materia fiscal que tanto nos urge en el presente.

Por el lado de los gastos, la mayor dificultad proviene de la “inflexibilidad” que se deriva de las erogaciones aprobadas por leyes a nivel constitucional y ordinario, convenciones colectivas, entre otras. Es el caso de la política salarial del percentil 50 en el 2008, el incremento de las trasferencias del Presupuesto Nacional a  FODESAF, la aprobación del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, la asignación de 7% de lo recaudado en renta para el PANI, entre otros. Todas estas obligaciones fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa sin considerar el financiamiento requerido para atenderlas.

Es claro que los objetivos sociales que tienen estas leyes coinciden con el modelo de Estado Social que el país ha construido durante años; sin embargo, el talón de Aquiles ha sido el tema del financiamiento. Los gastos del Gobierno Central que alcanzaban alrededor del 15% del PIB en el 2008,  se incrementaron hasta el 20% en dos años. A esto deben agregarse las pensiones de lujo y el aumento automático por el sistema vigente de incentivos a los empleados públicos, los cuales forman  parte de los derechos adquiridos por estos trabajadores.

El financiamiento del déficit fiscal en los últimos seis  años generó un conjunto de egresos por amortizaciones e intereses que han hecho del 2015 un año atípico, pues el incremento con respecto a los años anteriores fue significativo (en el caso de las amortizaciones significó casi un 50%, en relación con el 2014).  A pesar de ser un hecho puntual, el servicio de la deuda manifiesta la necesidad imperiosa de una reforma fiscal que brinde más ingresos al Gobierno para financiar las demandas sociales y la deuda.

En línea de lo planteado, entre el 12 y el 18 de junio, se realizaron en nuestro país cuatro foros sobre temas fiscales de América Latina y Costa Rica. El diagnóstico de estos espacios de discusión revela que la región ha implementado reformas estructurales que buscan fortalecer su política fiscal, no solo para evitar los desequilibrios coyunturales, sino también para impulsar el crecimiento económico con mayor equidad.

En el caso de Costa Rica la conclusión de estos análisis es contundente: urge realizar una reforma fiscal.  De lo contrario, los avances sociales que se han logrado a través de los años podrían estar amenazados. Es necesario alcanzar consenso, un acuerdo país, lograr un pacto social, cuyo principal interés sea el mejoramiento económico y social y no el interés particular. Un acuerdo cuyo fin último sea rescatar y fortalecer el Estado Social de Derecho por el que se nos reconoce internacionalmente.

El tiempo se nos ha acabado y debemos dar una señal de que los costarricenses deseamos seguir avanzando en desarrollo social, al mismo tiempo que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo para definir la forma más adecuada de seguir financiando nuestro progreso. Ya llegó la hora, es preciso avanzar en la solución integral de los problemas estructurales que tiene el país en el área fiscal.

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