Costa Rica apuesta por el potencial de las alianzas público-privadas

Este modelo de iniciativa cuenta con un reglamento desde diciembre del 2016.  También será un eje de la Cumbre Tuxtla

Las alianzas público-privadas no son nuevas en Costa Rica, pero se han desarrollado de manera informal y sin reglas claras para explorar su potencial y utilizarlas como impulso para la construcción de infraestructura. Ahora, el país está listo para desarrollar una apuesta por este modelo en el que tanto el sector público como el privado unen esfuerzos de forma sistemática.

Desde el 15 de diciembre del 2016, el Gobierno y el sector privado celebraron que Costa Rica disponía –mediante el decreto 39965 H-MP–  de un reglamento para las alianzas público privadas (APP), una figura que permite la cooperación entre los dos sectores para impulsar obras y servicios público, con el aval de la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Las APP pasaron de ser un ejercicio voluntario a una opción formal.

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Posición de Costa Rica en normativa APP

La firma se llevó a cabo en la sede de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) en presencia de representantes de todos los sectores vinculados e interesados en fortalecer la iniciativa. Ese día, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, saludó la firma como la muestra del deseo de trabajar juntos por el país. “Espero ver muy pronto obras concretadas bajo este modelo. (El decreto) es un documento consensuado que refleja el interés de las partes“.

Jorge Arturo González, presidente de la CCC, confirmó su potencial. “Es un instrumento muy valioso que demuestra la intención de desarrollar procesos bajo lineamientos claros y transparentes. Esto es un gran avance, el paso siguiente es sin duda que las alianzas se plasmen, ojalá rápidamente en proyectos concretos”.

A casi tres meses de la firma del nuevo reglamento, la Comisión APP de la Cámara promueve la concreción de un plan piloto: hacer una realidad la estación del tren en el cantón de Flores (provincia de Heredia). Esto se impulsa junto con MAVSK Arquitectos S. A., el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Municipalidad de Flores; de esta forma, se busca el “apalancamiento” necesario para este proyecto.

Los diseños y la asesoría están a cargo de la Comisión APP, que se encargó de los planos de la obra. Actualmente, están en poder del Incofer, que los tiene en estudio. Se estima que la estación de Flores atendería a 20.000 personas diariamente, quienes tendrían a disposición un medio de transporte asequible, accesible y que contribuye a descongestionar las calles del país.

Dicha Comisión funciona desde el 2015, bajo  lineamientos  de alto interés e impacto social con la participación del sector público y el privado.

En setiembre del 2016, el mismo Incofer cosechó los beneficios de una APP al recibir el andén de la estación del tren de San Franciscos de Heredia, el cual fue edificado por Cuestademoras Urbanismo, a un costo de $170.000. La empresa estatal aportó el terreno.

Mucho por avanzar

Sin embargo, Costa Rica tiene mucho por avanzar en esta materia. De acuerdo con la Comisión Económica de América Latina (Cepal), en la actualidad, las alianzas público-privadas se enfocan hacia un modelo en el que ambos sectores público y privado se involucran en el proyecto durante todas las fases: construcción, financiación y operación, haciéndolo así más atractivo para el sector privado, ya que los riesgos son también asumidos por el gobierno.

En este tipo de modelo de negocio, Costa Rica está catalogado como un país emergente, según el informe Infrascopio 2014: Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el CaribeEl índice (ese es el más reciente) está elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) y es financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De 19 países analizados, el país está colocado en la posición 10, con apenas 39 puntos, de un máximo de 100. El primer lugar corresponde a Chile, con 76,6.

Ahora, con reglas definidas y la delimitación de una voluntad oficial por impulsaar el modelo, esto deberá variar. “Las prácticas de contratación de APP se están haciendo cada vez más comunes, estandarizadas y codificadas, mejorando la coherencia y presentando al mercado posiciones más uniformes que incentivan la participación del sector privado”, comentó Jorge Arturo González, presidente de la Cámara de la Construcción.

Pablo Vargas, CEO del Grupo Britt, expresó lo siguiente, en una nota de opinión, publicada en el diario La Nación: “Tuvimos una experiencia muy positiva de APP. Hace cinco años creamos el Programa de Mejora Artesanal, en conjunto con el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y el MEIC. El TEC aporta estudiantes que trabajan en conjunto con artesanos por seis meses y les apoyan para producir innovaciones en sus líneas de productos. Tras cinco años, después de que la experiencia demostró ser exitosa para los artesanos del país, el Gobierno tomó el programa, lo financió a través de la Banca para el Desarrollo y lo transformó en un programa con alcance en todas las regiones del país”.

Recordemos que en la próxima XVI Cumbre Tuxtla, que se celebrará el 28 y 29 de marzo en Costa Rica, uno de los ejes del encuentro será el potencial de las alianzas público-privadas. Es decir, el tema se posiciona cada vez más en la agenda regional. En estas condiciones, el terreno está abonado para que el anfitrión de este encuentro demuestre, a futuro, su vocación por impulsar este modelo, ya con normativa definida.

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