Costa Rica consolida su ruta hacia la transparencia y acceso a información

Ejecutivo presenta proyectos de ley que establecen obligación de las instituciones de ofrecer información al público de forma proactiva y propone que no sean penalizados presuntos delitos contra el honor por denuncias de interés público

El Gobierno de la República firmó dos Decretos Ejecutivos y presentó dos proyectos de ley que consolidan el compromiso de la Administración Solís Rivera con la transparencia y el derecho humano de acceso a la información.

Los decretos “Transparencia y acceso a la información pública en el Estado y sus dependencias” y el de “Apertura de Datos Públicos” y sus directrices, así como los proyectos de “Ley de libertad de expresión y prensa” y “Ley de acceso a la información pública” establecen estándares de Gobierno Abierto de primer nivel para el país.

90 días

tendrán instituciones para publicar información mínima en su web

El  decreto de Transparencia y Acceso a la Información, y su directriz, procura que todas las dependencias del Gobierno Central y de la administración pública descentralizada garanticen el cumplimiento efectivo de ese derecho humano, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. La normativa presenta un conjunto de buenas prácticas replicables en los otros poderes del Estado y sus órganos adscritos.

El decreto de “Apertura de Datos Públicos” y su directriz, establece la forma mediante la cual los datos de carácter público se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin lícito. Toda la Administración Pública Central, constituida por los ministerios y sus dependencias, deberá seguir las directrices emitidas con respecto a los procesos de generación, recolección, conversión, publicación, administración y actualización en formatos abiertos de los datos. El decreto determina que un dato abierto debe ser completo, primario, actualizado y oportuno, accesible, procesable automáticamente, no discriminatorio, no propietario y protegido por una licencia para datos abiertos.

A partir de la publicación del decreto, las instituciones contarán con un plazo de noventa días para publicar la información mínima en su sitio web oficial, contenida en el Artículo 14 (por ejemplo, el listado de funcionarios institucionales, los planes y presupuestos, las planillas con el salario bruto y los informes de viaje). Por medio de la página web gobiernoabierto.go.cr, Presidencia llevará un control público del avance de estas publicaciones.

Los lineamientos establecidos surgieron de una serie de mesas de diálogo realizadas en mayo 2016 con apoyo de la Organización de Estados Americanos con participación de organizaciones de sociedad civil, academia, sector público y sector empresarial.

Proyectos de ley saldan deuda histórica

El proyecto de “Ley de acceso a la información pública” establece que la Administración Pública debe ser proactiva en el cumplimiento de su deber de informar y que toda autoridad pública deberá contar con un sitio para divulgar, de forma oficiosa, la información atiente a su gestión en formato abierto, interoperable y accesible.

Además, procura un proceso administrativo rápido para resolver solicitudes de acceso a información, sin perjuicio de la vía constitucional a la que siempre puede acudir la ciudadanía. La propuesta establece que cada institución designará una Oficialía de Acceso a la Información -sin crear nuevos puestos- función que en principio sería asumida por la Contraloría de Servicios respectiva. En la elaboración de este documento participaron diferentes actores de sociedad civil, academia, sector empresarial y diferentes enlaces de instituciones del Estado que aportaron en la consolidación del derecho humano de acceso a la información.

Por otra parte, el proyecto de ley de libertad de expresión y prensa propone que no sean penalizadas las acusaciones por delitos contra el honor cuando responden a denuncias de interés público. Además, reduce de dos años a uno el periodo de prescripción de  presuntos delitos contra el honor y amplía el periodo de respuesta de una querella que tienen las personas acusadas por estas causas. Los cambios propuestos en ambos proyectos armonizan la legislación nacional con avances en doctrina y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todos los documentos fueron sometidos a la ciudadanía en consulta pública durante diez días hábiles, luego de los proceso de co-creación. Los comentarios hechos a los decretos se sometieron a conocimiento de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. A partir de esto, el equipo redactor de Presidencia incorporó modificaciones a todos los documentos y tomará en cuenta otros para la implementación de las iniciativas.

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