Costa Rica crea Comisión Técnica para combatir el lavado de dinero

Primer Estrategia Nacional de Lucha contra Legitimación de Capitales recomienda actualizar la legislación y define Plan de Acción para instituciones

Fortalecer los controles en el sistema financiero, repasar la legislación sobre lavado de dinero y terrorismo, poner en sintonía a más de 40 instituciones… el resultado de la Primer Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo obliga al Estado costarricense a una profunda revisión, que para ser efectiva incluye la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional.

Esta Comisión fue creada en el decreto que oficializó la Estrategia, el viernes 10 de julio en la clausura de la XXXI Reunión del Grupo de Ación Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), evento que durante una semana reunió en San José a autoridades gubernamentales y expertos de más de 20 países y organismos internacionales financieros y técnicos en materia de combate al narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo .

Más de 40

Instituciones que participaron en Estrategia

La Comisión Técnica Interinstitucional apoyará la coordinación y planificación de las acciones de las entidades públicas y privadas, dirigidas a prevenir y combatir los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Estará conformada por representantes del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas; el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda.

Ordenar la acción

La Estrategia establece objetivos y acciones específicas para los tres componentes del Sistema Antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, Investigación y Justicia Penal. Además, define las prioridades de trabajo en los distintos ámbitos temáticos.

Para ello, la Estrategia Nacional incluye un Plan de Acción que deberá ser implementado por las instituciones correspondientes.

En materia de prevención, se hace énfasis en el ámbito financiero, con propuestas como disminuir el uso de efectivo como medio de pago; mejorar la regulación, supervisión y control del sector cambiario, y de las empresas de remesas; así como establecer un regimen jurídico para los medios de pago electrónicos que contemple el avance tecnológico.

En la foro se registra la firma del Decreto Antilavado
El presidente Luis Guillermo Solís firma el decreto que oficializa la estrategia antilavado. Observan la viceministra Ana Gabriel Zúñiga y directivos de GAFILAT.

Otras medidas van dirigidas a impedir el uso indebido de las personas jurídicas y otras figuras como las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles, organizaciones sin fines de lucro y otras; garantizando por la vía legal, la transparencia y disponibilidad oportuna de su información de referencia, para las autoridades competentes. En este mismo sentido, se pretende mejorar la regulación y control de los fideicomisos.

La Estrategia expone la necesidad de actualizar la legislación nacional Antilavado de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, considerando la brecha generada por las nuevas tendencias criminales y en consistencia con los estándares internacionales de lucha contra estos delitos. Esto supone tres acciones fundamentales: actualizar la legislación nacional en la materia, promulgar la ley de extinción de dominio y penalizar el financiamiento del terrorismo.

Una tarea necesaria

Los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo le imponen al país el reto de regular actividades comerciales como bienes raíces, casinos y apuestas virtuales, comercio de metales y piedras preciosas; y profesiones liberales como abogacía, notariado y contaduría, entre otros sectores vulnerables que también deben atender las normas de prevención establecidas para el combate de los delitos asociados al flagelo del crimen organizado.

“La legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo implica mecanismos financieros y jurídicos muy complejos; que buscan movilizar fondos ilícitos a través de todo el mundo. Esto genera una serie de delitos cuya incidencia trasciende hasta golpear a la ciudadanía, por eso urge una atención especializada e integral de parte de las instituciones estatales, de las entidades del sector privado, de los colegios profesionales y de los ciudadanos; la lucha debe ser de todos”, manifestó el presidente Luis Guillermo Solís durante la firma del decreto ejecutivo.

La elaboración de la Estrategia Nacional fue coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI); y partió de un diagnóstico de los riesgos propios de la realidad del país, en el cual participaron más de 40 instituciones de los sectores público y privado, incluyendo el aporte del sistema financiero nacional.

La Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga; explica el compromiso gubernamental de lucha contra la legitimación de capitales.

Contra el terrorismo

En el caso específico del terrorismo se busca establecer mecanismos para cumplir los lineamientos internacionales dictados en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En el caso de Costa Rica se debe fortalecer la aplicación de sanciones económicas a terroristas y organizaciones terroristas.

En el componente de Investigación y Justicia Penal, el principal objetivo es mejorar la coordinación interinstitucional y cooperación internacional con la finalidad de lograr mayor efectividad en las investigaciones y juzgamientos de delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

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