Costa Rica se pone al día en protección de inversionistas minoritarios

Con la aprobación en segundo debate del expediente 19.530 (Ley de protección al inversionista minoritario), el país supera un rezago que afectó sus registros de competitividad

El 4 de agosto el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate y por unanimidad el expediente 19.530, la Ley de protección al inversionista minoritario. La aprobación de este proyecto de ley viene a llenar un importante vacío legal en nuestro país, a la vez que coloca a Costa Rica en los niveles de las mejores prácticas internacionales y los estándares de la OCDE.

En los últimos años, las autoridades regulatorias en todo el mundo han hecho grandes esfuerzos por mejorar las reglas que rigen los mercados de capitales, a fin de que su funcionamiento sea eficiente, confiable y creíble. El objetivo de tales reglas es aumentar la transparencia de los mercados y resguardar los intereses de los inversionistas, en especial de los pequeños, por su posición de desventaja en la relación de poder.

166 de 189

Posición de Costa Rica en Doing Business 2016, en indicador Protección de Inversionistas

Entendiendo esto, corresponde al Estado resguardar los derechos de los inversionistas, con acciones que incentiven la implementación de buenas prácticas de gobernabilidad corporativa, den mejor acceso a información y aseguren protección ante posibles conflictos de interés, en particular en las transacciones con partes relacionadas que realizan la empresas.

Todos estos factores son evaluados por diversos indicadores de competitividad internacional, siendo uno de los más relevantes y conocidos, indicador de Protección de los Accionistas en Contra de los Conflictos de Intereses, que mide el Banco Mundial dentro del índice general denominado Doing Business.

El indicador Doing Business es un instrumento de toma de decisiones para los inversionistas principalmente extranjeros a la hora de valorar la factibilidad de realizar un negocio, ello a partir de diez indicadores que miden las diferentes etapas de la vida de una empresa (apertura, construcción, pago impuestos, protección a los inversionistas, insolvencia, entre otros).

El indicador de “Protección de inversionistas minoritarios”, mide la fortaleza de la protección de los accionistas minoritarios contra la mala utilización de los activos de la empresa por parte de los directores en beneficio personal. En el “Doing Business 2016” (publicado en octubre, 2015) Costa Rica se ubicó en la posición 166 de 189 países en el indicador de protección de inversionistas, casi en los últimos lugares de la clasificación, con una puntuación de 35 de 100%, por lo que la necesidad de una reforma para asegurar la protección de los inversionistas minoritarios se hacía palpable.

Teniendo todo este panorama claro, el Gobierno de la República, junto con la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) presentó el proyecto de ley 19.530, con el fin de ajustar nuestra legislación y colocar al país al tenor de las exigencias de la economía mundial, que es cada vez más globalizada y, por la misma razón, requiere de reglas claras y de mecanismos de transparencia y protección para los inversionistas. La iniciativa plantea reformas puntuales a los artículos 26, 189 y adicionar el artículo 32 ter al Código de Comercio, asimismo reformar el artículo 426 del Código Procesal Civil.

La entrada en vigencia de esta ley permitirá que los inversionistas minoritarios  puedan:

  • Acceder a la información sobre transacciones que representen al menos el 10% de los activos, al obligar a las juntas directivas y administradores dar acceso al inversionista a la documentación relacionada con dichas transacciones.
  • Estar informados de las transacciones de la empresa en las que exista algún conflicto de interés por parte de miembros de la Junta Directiva o Gerente General.
  • Reduce el porcentaje de capital requerido (de un 20% a un 10%) para que el inversionista pueda solicitar una auditoría de la compañía.
  • La Legislación se ajusta a las mejores prácticas internacionales, recomendadas por OCDE, fomenta la transparencia, equidad, rendición de cuentas y celeridad en los procesos de crecimiento, expansión y consolidación de las empresas.
  • Incentivo a la inversión nacional y extranjera, ya que el inversionista contará con las bases suficientes para poder decidir en qué mercado está dispuesto a invertir en función a la seguridad que perciba por parte del gobierno en materia de sus derechos y la protección de sus inversiones.
  • Se propicia una mejora del indicador internacional y en el índice Doing Business.
  • Durante el proceso legislativo, se contó con el apoyo de todas las fracciones que comprendieron la urgencia para el país en tener una ley moderna que protegiera a los inversionistas más vulnerables, además se contó con la participación activa de la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores.

Las acciones anteriores son una clara señal del Gobierno de la República por favorecer el clima de negocios y propiciar un mejor desempeño económico. Así las cosas, estas acciones se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de mejora regulatoria y simplificación de trámites, pues hemos sido insistentes que es una prioridad nacional lograr un Estado eficiente, transparentar y dinamizar los mercados, promover la competitividad de nuestras empresas en especial de las pequeñas y medianas, de forma tal que todo ello permita obtener un crecimiento sostenido de nuestra economía y mejores condiciones de vida para los costarricenses.

Agradecemos a las señoras y señores Diputados por su apoyo para la aprobación de este importante proyecto de ley, esto es un claro ejemplo de que cuando como país nos unimos por una causa común, más allá de centrarnos en las pequeñas diferencias que nos separan, podemos alcanzar grandes acuerdos y con ello beneficiar a toda Costa Rica.

* Ministro de Economía, Industria y Comercio.
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