Costa Rica tomó el agua entre sus prioridades públicas

Con ocasión del Día Mundial del Agua, las inversiones en infraestructura y la definición de políticas evidencian los esfuerzos del país para recuperar el rezago en esta materia

La herrumbre que amenazaba las políticas del agua en Costa Rica empieza a ser eliminada. Durante la administración del Presidente Luis Guillermo Solís, el tema hídrico se convirtió en una prioridad, con el impulso de inversiones importantes y la definición de políticas para procurar su protección, tratamiento y preservación.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, resulta oportuno repasar las acciones realizadas para que los temas líquidos en el país recuperen el rezago por años en los que se cerró el grifo de los recursos y de la definición de políticas.

De hecho, Costa Rica es el país que cuenta con la ley de aguas más añeja de la región, de 1942, cuando el país tenía apenas 687 mil habitantes, menos de un 14% de la población actual, se enseñaba que el agua era un recurso natural inagotable y los problemas por su uso eran materia de ciencia ficción. Desde hace mas de 15 años se han intentado impulsar esfuerzos para modernizar esta ley, y aunque la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de recurso hídrico en marzo del 2014 y en noviembre del 2017, en ambas ocasiones la Sala Constitucional anuló el proceso.

Ante ello, los esfuerzos por modernizar la situación del agua han pasado por aspectos como las inversiones. Costa Rica alcanzó en 2017 un histórico 93,9% de cobertura de agua potable en el país, una de las más altas de la región latinoamericana. En procura de conquistar indicadores tan positivos, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ejecutó inversiones por ₡219.889 millones en el periodo 2014-2017 para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, inversiones con crecimiento real, que han superado la barrera de los ₡50 mil millones anuales.

Otro hecho histórico es que Costa Rica consiguió igualar en 2017 la inversión en los dos servicios que brinda: ₡23.163 millones en acueductos (agua potable) y ₡22.952 millones en saneamiento. Se trató de la inversión más alta de los últimos años en acueductos, mientras en alcantarillado se mejoraron las obras, al punto de alcanzar el menor nivel en el 2015.

El 10 de setiembre de 2015 se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica, que deberá permitir que el tratamiento de estas aguas pase de un 4,2% a un 26,6% al finalizar su primera etapa, con lo que se atiende una de las principales deudas del país en materia de aguas.

Adicionalmente a las inversiones, se realizaron acciones para ordenar las políticas líquidas. Desde el 26 de enero Costa Rica lanzó la Política Nacional de Agua Potable (2017-2030, PNAP). Este instrumento estratégico guiará las acciones durante los próximos 15 años para aumentar y consolidar la exitosa cobertura de este servicio en el país (un histórico 93,9% en 2017), proteger el recurso hídrico, enfrentar los retos del cambio climático y fortalecer las capacidades de los actores involucrados. Cuenta con cuatro ejes: la promoción de una nueva cultura del agua, la inversión en infraestructura y servicio, la gobernanza del agua potable y la gestión ambiental.

También se estableció, por primera vez, una  Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales de largo plazo (2016-2045 PNSAR) en marzo del 2017, la cual está ligada  a una inversión superior a los $520 millones en obras de infraestructura que desde ya marca la ruta de  un avance significativo en la salud pública y en la protección ambiental en el país.

La visión de largo plazo también se presentó en aspectos de organización. En noviembre del 2015, el AyA  presentó  la  “Política de Organización y Fortalecimiento de la  Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento” dirigida a más de 1.400 acueductos comunales (ASADAS),  que abastecen de agua potable al 25% del país. Se atiende así una inquietud de la Contraloría, que en el 2013 señaló la necesidad de elaborar un ordenamiento de este sector.

Y también se logró un avance notable para lograr una gestión eficaz de sus recursos hídricos, al poder ver más allá del suelo: ahora tiene la posibilidad de mapear, evaluar y lograr un sistema para toma de decisiones oportunas sobre sus aguas subterráneas, en lugar del sistema actual, basado en trabajos de campo  que no siempre mantenían una periodicidad constante. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) lanzó el Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas en Tiempo Real (SIMASTIR), que permite implementar una red nacional de monitoreo de este recurso estratégico.

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