Diez puntos que aclaran desinformación en liberación de personas detenidas

A pesar de que las autoridades de Ministerio de Justicia y Paz han insistido en que no hay una política de liberación masiva de privados de libertad, sino un proceso controlado para trasladar personas de un sistema de mayor contención a uno de menor contención (semiinstitucional). Muchas versiones incorrectas están circulando y generan una enorme distorsión con respecto a lo que sucede.

Ante diversas versiones que confunden a la opinión pública, diez hechos probados con datos ayudan a poner este tema en su justa dimensión.

No es una creación de este Gobierno, se trata de un sistema vigente desde 1970 y cuya reglamentación actual viene del 2007:

El traslado de personas privadas de libertad del sistema cerrado (institucional) al sistema semiinstitucional funciona desde 1970.

Del 2000 al 2013, 15.503 personas fueron trasladadas del sistema cerrado a uno semiinstitucional en Costa Rica.

Como parte de este proceso, en agosto del 2007 se publicó el Reglamento Técnico Penitenciario, en el que se define el procedimiento para otorgar el beneficio, como parte de un proceso para modernizar la estructura organizativa del sistema penitenciario y actualizar la normativa para su administración adecuada.

No es una decisión del Gobierno, hay sentencias de tribunales que se deben cumplir ante el hacinamiento carcelario:

Carcel martilloLos Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional han ordenado que se reduzcan los márgenes de hacinamiento carcelario.  Esto lo reiteró la Sala IV en diez sentencias en últimos años: votos N° 2009-1332, N° 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N° 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435.

Hay dos clases de traslados: beneficios que pueden recibir privados de libertad al cumplir parte de su sentencia, en vigencia desde años, y las circulares que se implementaron en este gobierno para reducir hacinamiento carcelario:

Hay que diferenciar las dos clases de procesos mediante los cuales se puede otorgar el traslado a régimen semiinstitucional: las valoraciones ordinarias, que tienen años de funcionar, y las circulares 05-2015 y 08-2015, que emitió el Instituto Nacional de Criminología para cumplir las órdenes judiciales de reducir el hacinamiento carcelario crítico.

No hay una política para trasladar privados de libertad a régimen semiinstitucional sin control:

Carcel expedienteEn el caso de los traslados otorgados mediante valoraciones ordinarias, hay requisitos rigurosos, que incluyen haber cumplido el primer tercio de la condena, llevar procesos de atención y análisis técnicos, así como estudios victimológicos.

En el caso de los traslados generados mediante las circulares, se establecieron requisitos para que excluir de este grupo a personas condenadas por como homicidios, secuestros, narcotráfico internacional y violencia sexual e intrafamiliar. Deben ser personas con buena conducta, con sentencias que no se extienda más allá del 2022, entre otros.

Gobierno no está liberando homicidas ni violadores para reducir el hacinamiento:

Versiones desinformadas han alegado que el Gobierno incluyó sentenciados por violaciones o delitos peligrosos en el traslado a régimen semiabierto, por medio de las circulares, a pesar de que anunció que no se incluirían. En realidad, el Gobierno no incluyó ningún caso de este tipo; los casos citados en la prensa se referían a personas que recibieron el beneficio como parte de las valoraciones ordinarias.

Ministra o el viceministro de Justicia no deciden quiénes reciben beneficios ordinarios; es un procedimiento técnico a cargo de INC:

Carcel hacinadaNi la ministra de Justicia y Paz ni el viceministro, elaboran listas ni deciden quiénes se trasladan al régimen semiinstitucional en el caso de valoraciones ordinarias o en el caso de las circulares para combatir el hacinamiento. Estas decisiones, previo estudio técnico, corresponden siempre al Instituto Nacional de Criminología, que es un órgano colegiado y lo integran siete personas.

El Gobierno no puede impedir que personas sentenciadas por algún delito en particular reciban beneficios de valoraciones ordinarias:

Esto atentaría contra los principios constitucionales de igualdad ante la ley. Ya la Sala Constitucional ha rechazado recursos que pretendían limitar el funcionamiento del traslado de privados de libertad al sistema semiinstitucional: el último caso se presentó con la resolución 2015018182, en el que rechazaron de plano un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz.

No hay un crecimiento explosivo de los traslados al régimen semiinstitucional:

La presión del hacinamiento ha aumentado por el aumento de las personas detenidas. La población carcelaria era de 104 por cada 100 mil habitantes en 1990, y en el 2013 era de 341 por cada cien mil personas. Cada año ingresan, en promedio, 7.400 personas a la cárcel. Si no se utilizan estos mecanismos de desinstitucionalización, el sistema penitenciario colapsaría con un serio riesgo de motines y pérdidas de vida humanas.

A pesar de ello, no hay un traslado explosivo. En esta administración se han realizado 4.556 traslados por valoraciones ordinarias y 1.439 como resultado de las circulares.  De estas últimas, menos del 2% perdió el beneficio por haber cometido nuevo delito. El programa el altamente exitoso y la gran parte de los usuarios culmina su condena cumpliendo con el plan de atención técnica.

El Gobierno invierte millones de colones en construir nuevos espacios:

Carcel San RafaelSon falsas las versiones de que el Gobierno desechó la opción de construir nuevos espacios. En la presente Administración, se destinarán ₡44.630 millones para generar 3.888 nuevos espacios en el sistema carcelario.

Sin embargo, hay que tener claridad de que se trata de una inversión muy costosa, que por sí sola no genera resultados. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2014, se invirtieron ₡6.417 millones para habilitar 1.146 nuevos espacios, y el hacinamiento no disminuyó en ese período. Por otro lado, existen más de 3.000 espacios actualmente que deben demolerse por las pésimas condiciones de infraestructura.

El Gobierno no se aferra a las medidas; evalúa circulares y procura reforma legal:

El reto de la sostenibilidad del Sistema Penitenciario Nacional es grande y requiere de una respuesta integral. Tanto el Gobierno como el Ministerio de Justicia y Paz revisan las diferentes alternativas, incluyendo las valoraciones ordinarias y las circulares, pero las respuestas deben realizarse dentro del marco de las leyes.

En esta materia también se valoran alternativas legales, como un proyecto de ley para regular la ejecución de la pena, que permitiría implementar un marco más sólido para los procesos de valoraciones ordinarias y, en general, los procesos de desinstitucionalización. Sin embargo, se trata de un tema que requiere del apoyo de la Asamblea Legislativa y sobre el cual la Sala Constitucional ha ordenado que debe regularse con una ley.

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