El respeto a los derechos humanos: el camino histórico de Costa Rica

Discurso del Presidente, en acto de Apertura del año judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Saludo respetuosamente, en nombre del pueblo y Gobierno de Costa Rica y en el mío propio, a la honorable jueza y a los honorables jueces, al Secretario, a la Secretaria Adjunta, así como a todo el personal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este significativo momento de su vida institucional. La apertura del año judicial marca el inicio de un nuevo período de trabajo en la consecución del más alto de los objetivos de esta entidad: la defensa de los Derechos Humanos y la consecución de la paz para las mujeres y los hombres en nuestro Continente.

Esta Corte, un órgano ya consolidado y maduro, también continuará este año su labor de fortalecimiento del Sistema Interamericano, haciendo valer la primacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la fuerza vinculante de sus decisiones sobre quienes quieran socavarlo.

Mis más sinceros votos de éxito en sus labores al señor presidente, honorable juez Roberto de Figueiredo Caldas, así como al señor vicepresidente, honorable juez Eduardo Ferrer Mac Gregor. El alto honor de dirigir al máximo órgano jurisdiccional del Continente americano solamente se iguala a la enorme responsabilidad que esto conlleva.

Mis felicitaciones a la honorable jueza, Elizabeth Odio Benito, así como a los honorables jueces, Leoncio Patricio Pazmiño Freire y Eugenio Raúl Zaffaroni. Estoy seguro que tendrán la sabiduría y la templanza necesarias para garantizar, en sus nuevas funciones como integrantes de este Alto Tribunal, los derechos de quienes a él acudan en procura de Justicia y Verdad.

Ante el mundo, Costa Rica destaca por la robustez de su sistema democrático. Nuestra historia ha demostrado un constante progreso en el reconocimiento, respeto y promoción de los Derechos Humanos. Es conocido el compromiso del pueblo y las autoridades costarricenses con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde sus albores. Nuestro país es miembro originario de la Organización de Estados Americanos, impulsó la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica; y fue, asimismo, el primer país en reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace ya 38 años, la República de Costa Rica cuenta con el privilegio de ser la sede de la Corte Interamericana. Mediante resolución número 372 (VIII-0/78) del 1° de julio de 1978, la Asamblea General de la OEA aprobó la propuesta del Estado costarricense de dar acogida a la Corte, un honor que nuestro pueblo ha sabido reciprocar dándole a ésta y sus dignos representantes el sitial de respeto y admiración que sus altas funciones demandan.

Con el pasar de los años, el Sistema Interamericano se ha visto enriquecido con la integración de nuevos países, la suscripción de múltiples instrumentos multilaterales de carácter general y específico, así como por la consolidación de sus instituciones. No menos relevante es que la madurez del Sistema ha favorecido el fortalecimiento interno de sus Estados miembros, generando un ambiente de creciente respeto de la dignidad humana en un contexto de significativo desarrollo democrático.

Este desarrollo ha contribuido al robustecimiento de las instituciones que conforman el sistema regional. La Comisión Interamericana realiza una función invaluable en la promoción de los Derechos Humanos. Su labor ha estimulado la consciencia pública de respeto por las libertades fundamentales y, no exenta de críticas, ha inaugurado espacios inéditos, cada vez más transparentes y abiertos a la presencia activa de la sociedad civil organizada, en la lucha por la dignidad humana.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha afianzado como órgano especializado en la garantía jurisdiccional de los derechos reconocidos en la Convención. En efecto, la acción de la Corte ha sido clave en la tarea de potenciar a la persona y colocarla como centro de los sistemas políticos de nuestra región. Estos últimos se encuentran hoy más cerca del ideal democrático, gracias en buena medida a la intervención de la Corte en momentos decisivos de nuestra historia reciente.

En el ejercicio de la interpretación y aplicación de la Convención, la Corte ha generado vastos y vitales aportes al Sistema Interamericano. No obstante, permítaseme destacar tres pilares fundamentales desarrollados por este Tribunal a lo largo de estas décadas que son de importancia trascendente para el Derecho Americano.

El primero de ellos es el fortalecimiento de los sistemas de frenos y contrapesos. En los casos vinculados con desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas, actuaciones arbitrarias, entre otros, la intervención de la Corte ha sido sustancial para frenar los abusos de poder, principalmente del estatal y de sus instituciones. Ha coadyuvado significativamente en el restablecimiento del equilibrio de funciones y la impartición de la Justica en una región en la cual, durante muchas décadas, no prevaleció más que el autoritarismo, la violencia estructural y el más absoluto repudio al Estado de Derecho.

El segundo aporte trascendental de la Corte radica en la defensa de la igualdad, particularmente, en el combate a todas las formas de discriminación por motivo de origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, preferencia sexual, estado civil, edad, patrimonio o nacionalidad. Ha dado resguardo significativo a grupos en condición de vulnerabilidad y con ello, ha potencializado valores democráticos fundamentales como la tolerancia, la justicia y la paz social.

La tercera contribución que deseo destacar es la consolidación del control de convencionalidad. Es aceptada la obligación de las autoridades judiciales y administrativas de cada Estado de aplicar directamente los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia y los precedentes emanados de la Corte Interamericana. En el caso Almonacid Arellano vs Chile, de 2006, la Corte estableció el deber que tienen las autoridades nacionales de realizar el control de convencionalidad en el ejercicio cotidiano de sus funciones.

Como Estado sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica tiene un compromiso aún mayor de efectuar el control de convencionalidad. Nuestras autoridades nacionales son las primeras llamadas a aplicar debidamente el Corpus Iuris interamericano en materia de Derechos Humanos.

De allí la insistencia de mi Gobierno de dar cumplimiento a esta premisa: es responsabilidad ineludible del Estado lograr la garantía efectiva de tales derechos. Una garantía que es indeclinable e inapelable, y debe ser oportuna y evidente.

La Convención Americana dispone con toda claridad que los Estados deben respetar los derechos reconocidos en esta, deben garantizarlos sin discriminación alguna, y adoptar las medidas internas, de orden legislativo o ejecutivo, necesarias para hacer efectivos tales derechos inherentes a la condición humana.

La primera condición para lograr el pleno respeto de los Derechos de todas las personas reside en el establecimiento de condiciones materiales adecuadas para su disfrute. Es por ello que los Estados deben preocuparse por favorecer condiciones que permitan el crecimiento económico, social y ambientalmente equilibrado de sus poblaciones. La inversión en educación, salud, vivienda y seguridad pública, la lucha constante contra la discriminación y el esfuerzo permanente por dar oportunidades a todas y a todos, constituyen la base de la civilidad, la democracia y la Seguridad Humana.

Los Estados deben adoptar marcos normativos absolutamente conformes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reglas que favorezcan un ambiente de pleno respeto de esos derechos.

Es necesario, además, que se creen instituciones fuertes e independientes, destinadas a garantizar las libertades, a servir como primer bastión de defensa ante los abusos y atropellos que estas puedan sufrir de manos de las agencias públicas, y de los cada vez más poderosos y onmnipresentes intereses corporativos o fácticos.

Cuando, pese a la implementación de medidas preventivas idóneas, se perpetren violaciones a los derechos de sus habitantes, los Estados deben proceder a su reparación inmediata y efectiva. La búsqueda de mecanismos internos que permitan la reconstitución de los derechos nos obliga a hacer uso de todos aquellos recursos jurídicamente válidos, previstos para ello.

Como claramente lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ningún Estado puede invocar razones de orden interno para eludir las obligaciones asumidas en el ámbito del Derecho Internacional Público. Tampoco podrá interpretarse ninguna de las normas que conforman el Pacto de San José de Costa Rica, de modo que se propicie el irrespeto de sus postulados, tal como ordena el numeral 29 de la Convención.

El empleo de la vía contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser subsidiario. Los mecanismos internos de reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos deberían ser suficientes para evitar transgresiones.

Los Estados deben propiciar la solución amistosa de las controversias a efecto de lograr la garantía de los derechos y la búsqueda de la paz social. Los asuntos que lleguen a estrados internacionales deben ser, tan solo, aquellos en que los Estados no fueron capaces de prevenir, reparar o conciliar.

A este respecto, quisiera subrayar nuevamente la importancia histórica que ha tenido la decisión de Costa Rica y Nicaragua de llevar sus diferendos limítrofes más importantes a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, así como la voluntad de ambos Estados de respetar escrupulosamente lo resuelto por ésta en sus sentencias. Ello marca un entendimiento del Derecho Internacional como un factor determinante en la preservación de la paz en el mundo entero.

No obstante, para aquellos casos que deban ser conocidos y fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es claro que las decisiones que se adopten, así como las normas jurisprudenciales que estas creen, son de acatamiento obligatorio e inmediato para los Estados. Nuestras Naciones han depositado en la Corte un poder jurisdiccional para la resolución de casos atinentes al cumplimiento de las obligaciones convencionales y la tutela de los Derechos Humanos.

Las obligaciones que deriven de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por la Corte están dirigidas a los Estados como entes complejos, para todas sus instituciones y para todos sus individuos. Ninguna instancia interna, sea el Gobierno, sea la Administración Pública central o autónoma, sea la justicia interna o sean los particulares, puede negarse a acatar, de forma inmediata e incondicional, las reparaciones establecidas en los fallos de este Tribunal. El desacato no es recurso que esté a la mano de los Estados parte de este Sistema. Si así fuera y éste prevaleciera, la desnaturalización de este Alto Cuerpo sería automática.

En el proceso de necesario fortalecimiento del Sistema Interamericano, la Corte enfrenta múltiples retos. Este Alto Tribunal debe continuar propiciando el respeto de los derechos de las personas, así como a consolidación de sociedades democráticas y pluralistas. A este respecto, quisiera enfatizar la urgencia de acciones más decisivas para la defensa de las poblaciones especialmente vulnerables como lo son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, los pueblos afrodescendientes e indígenas.

En materia de género, Costa Rica, que actualmente ejerce la presidencia de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) hace un llamado vehemente a rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Un segundo reto es de naturaleza financiera. Los Estados deben comprometerse con la preservación y fortalecimiento de la Corte. Para ello, es necesario dotarla de más recursos financieros, de modo que pueda atender las crecientes necesidades que acompañan su desarrollo. Debemos reconocer que el apoyo económico que percibe actualmente la Corte es insuficiente.

Es necesario robustecer el patrimonio de esta importante institución regional. Impulsar el crecimiento de la Corte constituye un imperativo ético para nuestros Estados tanto y como lo es para la Corte hacer buen uso de tales recursos incrementados. Costa Rica, actualmente inmersa en un complejo debate nacional en torno al fortalecimiento tributario, augura aportar una contribución mayor a la Corte tan pronto le sea posible superar la condición de sus finanzas públicas.

Conviene asimismo destacar las palabras empleadas por el señor Presidente de la Corte en la invitación cursada para el evento académico que ha sido convocado como parte de la apertura de este año judicial: es urgente y necesario un diálogo cercano entre la sociedad civil, las instituciones públicas y el Estado. Entre los tribunales internos y los internacionales.

Ello se requiere para cerrar las brechas que aún existen entre las visiones “soberanistas” de la Justicia, y aquellas mucho más acordes con los nuevos tiempos, que convocan cada vez con mayor énfasis a la ciudadanía organizada a la recuperación de su poder originario.

Finalmente, en virtud del fortalecimiento del Sistema Interamericano y ante el aumento de los casos contenciosos, nuestro Tribunal regional afronta el desafío de convertirse en una Corte permanente, dotada de capacidad de respuesta para atender las exigencias presentes y futuras que demande la sociedad del continente.

Costa Rica es y será respetuosa de los derechos de sus habitantes, sin distingo alguno. El trabajo de sus instituciones debe y está regido por el deber de crear las condiciones necesarias para que los y las costarricenses vivan con tranquilidad, en la certeza que el Estado hará todo lo posible para garantizar el pleno goce y disfrute de sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Esa tarea, que constituye un desafío cotidiano, sólo podrá ser exitosa si con lucidez y contundencia, el Gobierno ejerce sus obligaciones apegado al espíritu y a la letra de la Ley.

Y esa tarea suprema, la del respeto a la Ley, no puede acometerse a medias, interpretándola de manera antojadiza sólo cuando ésta nos beneficia. Es un lugar común decir que “las sentencias de los tribunales no se discuten, sino que se acatan”. Pues habría que decir también que en el acatamiento de la Ley reside la grandeza del Estado de Derecho sin cuya preeminencia ninguna Nación será llamada verdaderamente libre, ni podrá ser efectivamente democrática.

Muchas gracias.

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