El reto de la empleabilidad para la población con discapacidad

El desempleo afecta a todos los estratos de la población costarricense, pero es en la población con discapacidad donde se manifiesta con mayor intensidad: el promedio de desempleo en la población económicamente activa (PEA) es de un 8.6%, mientras que esta cifra se incrementa a 11.4% cuando se trata de la población con discapacidad. De acuerdo con estas cifras, son las personas con mayor nivel académico quienes enfrentan más dificultades en su búsqueda de oportunidades laborales acordes con sus títulos profesionales.

Estos datos reproducen y dimensionan la manera en cómo se violenta el derecho fundamental al trabajo, debido a los prejuicios que persisten en la sociedad costarricense. Diecinueve años después de su aprobación, la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) sigue sin aplicarse en muchas instituciones públicas y privadas. A pesar del respaldo de la Ley 8661 (Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida por la ONU) la comunidad con discapacidad sigue luchando por la inclusión en la sociedad costarricense.

En esta Administración, Casa Presidencial cuenta con el apoyo de varios funcionarios con discapacidad, ubicados en diferentes departamentos, por lo que ha realizado las adecuaciones pertinentes en cuanto a diseño arquitectónico, servicios técnicos y productos de apoyo para garantizar las condiciones adecuadas en su ambiente laboral y así permitirles un pleno desarrollo profesional.

En el despacho de la vicepresidenta Ana Helena Chacón, por ejemplo, la licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, Éricka Álvarez, se desempeña como jefa de despacho, asesora legal y asesora en derechos humanos. Ella es la encargada de dirigir todos los procesos políticos y administrativos del despacho de la vicepresidenta, así como de coordinar a sus asesores y asesoras; es, además, la encargada del Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad y asesora en temas jurídicos, de género y de discapacidad.

En este mismo despacho, se encuentra Alberto Guzmán, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y mano derecha de la jefa de despacho, quien destaca por su labor técnica y política en temas de derechos humanos de las personas con discapacidad, principalmente. Su aporte se extiende a diferentes procesos de construcción de políticas públicas y atención a la ciudadanía con discapacidad. Ambos, Éricka y Alberto, son personas con diferentes tipos de discapacidad y piezas clave en el despacho de la vicepresidenta de la República.

En la fotografía, Alberto Guzmán asesor en temas de discapacidad del despacho de la segunda Vicepresidenta, Ana Helena Chacón.
En la fotografía, Alberto Guzmán asesor en temas de discapacidad del despacho de la vicepresidenta, Ana Helena Chacón.

Como sociedad, debemos aspirar a un entorno inclusivo y accesible que parta de los principios básicos de respeto a los derechos humanos. Solo así podemos aspirar a ser una sociedad inclusiva, cuando cada organización, pública o privada, reconozca el valor de las personas con discapacidad como un recurso humano invaluable y se les visualice como parte de su equipo de colaboradores y colaboradoras. De lo contrario, continuaremos con los rezagos del sistema, multiplicando la falta de oportunidades que, para una parte importante de nuestra población, marcan el camino hacia la exclusión, a pesar de que la lucha por la visibilización de sus derechos y la igualdad de oportunidades es, día a día, el frente desde donde señalan los retos y las deudas que el país tiene con todos y todas sus habitantes.

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