Entra en vigencia Reforma Procesal Laboral, acuerdo histórico que acerca la justicia a los trabajadores

Acuerdo nacional permitió trascendental ajuste a la normativa laboral, que reducirá los procesos en tribunales, aumentará respeto a derechos de trabajadores y define límites de huelgas

Este 25 de julio la justicia estará más cerca de los trabajadores. Este día entran a regir los cambios definidos en la Reforma Procesal Laboral, aprobada por la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre del 2015, y firmada por el Presidente Luis Guillermo Solís el 25 de enero del 2016, sobre el mismo escritorio en el que se firmaron las Garantías Sociales, allá por la década de los 40.

Hay algunas similitudes en estos procesos. Tanto las Garantías Sociales como la Reforma Procesal Laboral requirieron de grandes acuerdos nacionales, que no estuvieron libres de polémica. Y así como las Garantías Sociales irrumpieron en la seguridad social de Costa Rica, la Reforma Procesal Laboral promete revolucionar el marco normativo laboral del país, como el mayor avance en la legislación laboral en los últimos 70 años, desde la firma del Código de Trabajo en 1943.

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Años que requirió el avance de la Reforma Procesal Laboral

La reforma acerca la justicia a los trabajadores porque promete reducir los tiempos en los procesos laborales que hacían de la justicia un anhelo fuerte, pero no pronto: promedio de décadas de años hacían que dilucidar los derechos de trabajadores en estrados no fuera algo al alcance de todos.

Adicionalmente, la reforma permitió incorporó principios de conciliación y arbitraje que hacen más sencillo el acceso a la justicia, así como medidas para garantizar que personas en condiciones vulnerables vean resguardados sus derechos.

Todo preparado

En el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo están preparados para los cambios y desafíos con la nueva normativa. En el Poder Judicial, desde julio del 2016 se realiza un proceso de capacitación de más de 700 personas, y el 21 de julio se realizó un acto oficial para el inicio de la reforma, a partir del 26 de julio. Se establecieron 231 nuevas plazas, de las cuales 79 son para abogados de asistencia social gratuita.

Según informaron los jerarcas del Poder Judicial, la preparación implicó también un intenso plan de descongestionamiento de despachos, que inició en junio del 2016 y culminó en  junio de 2017, con un total de 9.500 asuntos laborales terminados.

Se implementó el expediente electrónico en 52 oficinas a nivel nacional, la contratación de 22 locales nuevos para albergar a los despachos laborales y la adaptación de salas de juicio para la aplicación de la oralidad.

Paralelamente, hubo una fuerte capacitación en el Ministerio de Trabajo, como confirmó la Viceministra Nancy Marín. Se incorporaron 108 nuevas plazas para fortalecer las nuevas funciones que asumirá la cartera, principalmente en materia de arbitraje, y se trabaja en tres nuevos reglamentos que se encuentran en su fase final.

Rescatar el acuerdo

A pesar de ello, y de ser el resultado de un gran acuerdo nacional que empezó a gestarse desde 1998, luego de que en el marco de la Concertación convocada por el Presidente Miguel Ángel Rodríguez se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar los procedimientos laborales, la reforma estuvo cerca de ser archivada.

El debate sobre la normativa laboral y sus procedimientos llegó a incluir a diferentes sectores, principalmente sindicatos, patronos y representantes de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, que tuvo un punto alto en el 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó un proyecto que se envió a los diputados.

El Presidente Solís levantó el veto que había dado la Presidenta Laura Chinchilla y así reactivó el avance del proceso.

El proyecto tuvo un trámite de más de una década en la Asamblea Legislatuva y se votó en el 2012, pero la Presidenta Laura Chinchilla lo vetó en octubre del 2012. La iniciativa cayó en un limbo que amenazó con llevarla a expirar, hasta que el Presidente Solís la rescató del archivo y la revitalizó, tras levantar el veto de Chinchilla, en diciembre del 2014.

Las acciones del Presidente Solís levantaron un polvorín sobre la legalidad del levantamiento del veto, pero sirvió de impulso para que los diputados retomaran la iniciativa y la votaran nuevamente, el 9 de diciembre del 2015.

El brillo de la reforma

La Reforma Procesal Laboral es relevante por más de una decena de puntos:

Cambiar herrumbre por brillo: Es una modernización de la legislación laboral de Costa Rica, mejora la seguridad jurídica del país y le permite atender compromisos que tenía pendientes. A manera de ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) tenía 15 años de llamar la atención por incumplimientos del país, que afectan la imagen internacional del país.

Acuerdo histórico: Fue resultado de un histórico proceso de diálogo y negociación entre el sector empresarial, sindical y gubernamental, que además reunión a magistrados, jueces, diputados y diferentes sectores del país para lograr un acuerdo. Estuvo a punto de ser archivado tras el veto de la Presidenta Laura Chinchilla en el 2012, alegando que legalizaba el derecho a la huelga en servicios esenciales. El Presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto y propició la negociación con los diputados para rescatar los consensos.

Moderniza e impulsa justicia pronta: Introduce principios como la oralidad (en lugar de procesos escritos), conciliación , celeridad y sencillez, con el fin de reducir la duración de procesos que duraban décadas, y provocaban que muchos trabajadores los abandonaran, afectando el acceso a la justicia pronta y cumplida. Se pretende pasar de procesos que duran un promedio de 8 a 10 años, a casos de un año.

Da seguridad jurídica: especialmente en materia de huelgas: establece los requisitos para que una huelga sea legal, como el agotamiento de las alternativas procesales de conciliación, e incluye presentar un plan de acción 30 días antes de iniciar la huelga para garantizar que no se afectarán los servicios esenciales.

Eliminó vacíos en la legislación laboral: En el 2011 la Sala Constitucional eliminó el requisito de un 60% de trabajadores para declarar legal una huelga, pero no fijó ningún porcentaje. La nueva normativa fijó que se requiere de la decisión de un sindicato que represente al menos el 30% de las personas sindicalizadas en el centro de trabajo. Si el sindicato tiene menos, o no hay sindicato, los trabajadores pueden solicitar una votación para tomar la decisión.

Más vías para lograr arreglos: El proyecto presenta una gran gama de posibilidades para que en los conflictos individuales y colectivos se acuda a la conciliación, a la mediación y al arbitraje. En el caso de conflictos individuales puede acudirse al MTSS, a órganos privados, o al juez, antes de presentarse la demanda; en el caso de conflictos colectivos, se modernizan las formas de resolverlos fuera o dentro de los tribunales.

Claridad en el despido: Se establece un nuevo sistema para determinar las causas de despido, obligando al empleador a entregar una carta de despido que indique con claridad las razones. En un juicio esta carta será la única justificación que acepte el juez, y el patrono no podrá alegar otras razones.

Democratiza el acceso a la justicia, estableciendo una defensa pública para los trabajadores de bajos ingresos, las madres, menores de edad y personas que hayan sido discriminadas en el trabajo. Mejora la protección de mujeres embarazadas y de personas que denuncien hostigamiento sexual.

Proteger a los más débiles y evitar la discriminación: Dispone una prohibición de toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma similar de discriminación.

Al valor actual: Cuando un empleador es condenado a pagarle a un trabajador salarios no pagados, no solo deberá pagar la deuda y los intereses, además deben ser indexados, es decir ser traídos al valor presente.

Se eliminaron los puntos que generaban dudas: No se prohibió la contratación de trabajadores sustitutos, pero solo se autorizan en caso de que huelga sea declarada ilegal. Y no se autorizó la realización de huelgas en los servicios esenciales.

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