Estrategia Nacional de Costa Rica permitió alejar fantasma de lista gris en lucha contra lavado de dinero

Plan de acción liderado por Ministerio de la Presidencia permitió revertir evaluaciones de avance “bajo” o “moderado” por avance “sustancial” en los once resultados inmediatos de efectividad

El fantasma de la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se alejó de Costa Rica. El país pasó de una evaluación de efectividad en rojo, con siete indicadores de avance “moderado”, tres en “bajo” y solo uno en “sustancial”, a que las once calificaciones de las categorías fueran de avance “sustancial”. De igual forma en lo que corresponde al cumplimiento técnico, que incluye 40 recomendaciones, se pasó de un porcentaje de cumplimiento de 65% a un nivel superior al 80%.

La evaluación de julio del 2015 en el marco de la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso a Costa Rica dentro de un proceso de seguimiento durante un año, bajo la obligación de demostrar progreso suficiente para no ser  incluido en la lista gris de países no cooperantes en la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Desde ese momento el país se preparó para enfrentar tres procesos de defensa de los avances alcanzado y en la última evaluación, en octubre del 2017, evidenció importantes avances prácticamente en todos los campos bajo la lupa.

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Recomendaciones de cumplimiento técnico en las que Costa Rica avanzó, de total de 40

Con el fuerte impulso político y técnico, se desarrolló la Estrategia Nacional de lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, entre cuyas acciones se puede citar la coordinación interinstitucional para concretar el plan de trabajo, la elaboración de proyectos para las leyes 9387 (reformas para lucha contra el financiamiento al terrorismo, procedimientos para sanciones financieras), 9416 (transparencia de personas jurídicas, fideicomisos y administradores de fondos a terceros) y 9449 (regulación de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs) en materia anti lavado), y se realizaron gestiones de publicación de edictos de disolución para 266.029 personas jurídicas inactivas, equivalentes a más del 40% de las personas jurídicas existentes.

Se constituyó un grupo de alto nivel técnico político, liderado por el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, y con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en su rol de Coordinador Nacional de la Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, y en el que participaron activamente Eduardo Prado (gerente del BCCR), Guillermo Araya (Director de ICD), Álvaro Montoya (Fiscal Adjunto, Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales), Román Chavarría (Jefe de UIF), Laura Suárez (Directora, CONASIFF), Rodrigo Hidalgo (Departamento legal, CONASIFF), Eugenio Rodríguez (Departamento legal, SUGEF) y Guillermo Zumbado (División de Tecnologías de Información, BCCR).

Además, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) destinó más de $10 millones y estableció planes de acción para el desarrollo de cuatro nuevas plataformas tecnológicas que permitirán un avance en la implementación de los nuevos marcos legales aprobados sobre temas fundamentales para fortalecer la transparencia y la lucha contra estos delitos (Beneficiarios finales, APNFDs, COnozca a su cliente y Padrón Único de Cuentas), labor que se realiza en coordinación con SUGEF, ICD y Hacienda.

De igual forma la UIF actualizó su módulo de Reportes de Operaciones Sospechosas de manera electrónica (UIF Reportes), que ya comenzó a recibir información de los nuevos sujetos obligados, y se puso en operación una plataforma de carga de información sobre declaraciones transfronterizas de dinero en efectivo, para generar estadísticas, herramienta que está iniciando su segunda etapa de implementación a nivel regional, donde participarán países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú, Ecuador y Bolivia.

También se creó la jurisdicción especializada de delincuencia organizada, con competencia en investigación y juzgamiento de delitos graves. y se trabaja en el fortalecimiento de la UIF con recursos humanos y materiales.

“Costa Rica ha dado señales claras y contundentes de ser un país comprometido en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el trabajo coordinado interinstitucionalmente nos permitió presentar mejoras constantes ante evaluadores y representantes del GAFI. Desde el 2015 hemos avanzado en 36 de las 40 recomendaciones de cumplimiento técnico y en los 11 resultados inmediatos de efectividad. Ha sido un largo camino pero sin duda satisface ver el fruto del esfuerzo al evitar que Costa Rica tuviera que enfrentar el seguimiento intensificado del GAFI, con el consecuente daño a su reputación internacional. Ahora queda la responsabilidad de darle continuidad a los compromisos, más allá del cambio de Administración, posicionándolo como un tema país”, afirmó el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro.

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