Gobierno de Solís sacó proyectos del estancamiento y los puso en marcha

Administración demostró que país no está condenado a la parálisis en diversos campos

El gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís ha logrado romper con una herencia de obras congeladas. Son proyectos que tuvieron que esperar décadas para ser concretados, o para salir de un estancamiento que amenazaba con relegarlos al olvido, o convertirlos en un ejemplo de que en Costa Rica hay procesos que simplemente no pueden avanzar.

La administración Solís demostró que se podía romper con esos mitos y volver a avanzar en diferentes campos marcados por el inmovilismo. Desde la platina que se resistía a ser reparada para convertirse en símbolo de la ineficiencia pública a carreteras que esperaron décadas como el caso de la ruta de Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper en San Carlos; desde históricas reformas legales como la Reforma Procesal Laboral, a poblaciones que casi parecían condenadas a ser ignoradas, las muestras de que el país puede avanzar están por diferentes campos.

En estos temas, se ha requerido la acción conjunta de muchos sectores en diferentes casos, desde la Asamblea Legislativa al Poder Judicial, sector privado, sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, entre otros. el Presidente Solís ha dejado claro que no pretende llevarse el crédito por lo que son obras conjuntas, y que en muchos casos vienen desde tiempo atrás… pero estos casos evidencian que la administración ha servido de catalizador para que procesos estancados vuelvan a avanzar.

Un repaso de algunos de estos casos permiten constatar esta tendencia:

Carretera Bajos de Chilamante-Vuelta Kooper:

Se trata de una ruta de 27 kilómetros que permite comunicar la Zona Norte con el Caribe, lo que mejora la conexión de los sectores productivos con los puertos de Moín y Limón, acortando en unos 50 kilómetros el recorrido actual, con una ruta más segura y recta.

Espera: Las comunidades de la Zona Norte lo esperan desde 1973, llegó a conocerse como el Tapón de Chilamate. El proyecto se desempolvó hace tres lustros, pero se detuvo sobre la marcha por solicitudes de obras complementarias. La aspiración de estos territorios finaliza este 23 de agosto con la habilitación de la ruta.

Puente Alfredo González Flores:

El puente sobre el Virilla en la ruta uno fue construído entre 1962 y 1964. En el 2009 se desprendió una platina (placa de acero que cubre la junta entre la estructura de acceso y el puente) que fue reparada en diversas ocasiones sin éxito. La administración Solís no se limitó a reparar la platina: atacó de raíz el problema con un puente nuevo, que amplió los carriles. El 24 de mayo del 2017 se habilitaron los seis carriles.

Espera: No solo se sepultó el problema de la platina que se convirtió en símbolo de la incapacidad estatal de resolver problemas, sino que se ampliaron los carriles y se mejoró la resistencia estructural y sísmica de este puente, que tenía 50 años sin mantenimiento ni reparaciones de este tipo.

Reforma Procesal Laboral:

El mayor avance en la legislación laboral en 70 años se logró con un acuerdo nacional, que evitó que se archivara esta modernización que introduce la oralidad en los juicios laborales para acortar procesos y acerca la justicia a los trabajadores. El Presidente Solís firmó la ley 9343 el 25 de enero del 2016, luego de que la Asamblea Legislativa la aprobara el 14 de diciembre del 2015.

Espera: Desde 1998 se gestó la reforma, con un acuerdo entre representantes de los Supremos Poderes y sectores de la sociedad. Se logró aprobar una primer ley en el 2012, pero la Presidenta Laura Chinchilla la vetó por dudas en varios ámbitos. Sin embargo, el tema no se retomó y la reforma estuvo a punto de ser archivada, de no ser por la insistencia del Presidente Solís de levantar el veto y volver a impulsar la negociación, que culminó con un acuerdo nacional.

TCM de Moín:

La construcción de este megaproyecto, con una inversión de $1.000 millones, arrancó el 19 de enero del 2015, y su primera etapa deberá arrancar en el 2018. La fase 2A corresponde a un área de 40 hectáreas, con 650 metros de muelle y 6 grúas pórticas, con capacidad para más de 4.000 contenedores. Es una concesión de 33 años que se otorgó a la empresa APM Terminals, cuyo contrato se firmó en el 2011, pero solo logró arrancar en el 2015.

Espera: Desde 1977 y 1980, cuando JAPDEVA relanzó el Muelle 70 y el Muelle Alemán, no se hicieron reformas relevantes para la infraestructurta en el puerto de Limón, por donde sale el 80% de las exportaciones nacionales. El proyecto de esta terminal se empezó a barajar desde el 2000 y se mencionó en el Plan de manejo portuario de Royal Haskoning, en el 2008. Varios gobiernos lo impulsaron, pero no lograron que iniciara su construcción.

Centro Nacional de Convenciones:

El 1 de febrero se colocó la primera piedra del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, edificación de 15.600 metros cuadrados que se construirá con una inversión de $35 millones y permitirá al país incursionar en el turismo de convenciones.

Espera: La idea de un Centro de Convenciones tenía más de 15 años de ser considerada y solicitada por el sector turístico nacional, como una necesidad para que el país mejore su oferta en esta área.

Aeropuerto Internacional en Orotina:

Se estableció una ruta para este megaproyecto de $2.974 millones, que requerirá de varias fases y gobiernos para concretarse y que deberá entrar en operación en el año 2027. Se trata de un proyecto con un horizonte de 30 años, que ya tiene estudio de emplazamiento, plan maestro, prediseño y estudios de prefactibilidad financiera.

Espera: Los estudios que el gobierno recibió el 31 de mayo del 2017 representan el primer paso concreto para la idea de modernizar el principal aeropuerto internacional de Costa Rica, una inquietud que tenía décadas de estarse considerando como una necesidad para que el país pudiera ampliar la recepción de turismo aéreo.

Consulta a población indígena:

Ya se tiene un borrador final del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, que se llevará a los 24 territorios indígenas para que lo conozcan y presenten sus observaciones de previo a la publicación de un Decreto Ejecutivo que permitirá concretarlo. Es el resultado de un proceso de más de un año, conducido por el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.

Espera: Desde 1993, Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas en esta materia, ya que suscribió el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que incluye la obligación de dotar a los pueblos indígenas y al Estado de un mecanismo que les permita dialogar.

Registro de plaguicidas:

Una parálisis de 12 años erosionó el registro de agroquímicos en Costa Rica y amenazó la competitividad agrícola, pero tres decretos ejecutivos permitieron resolver esta sequía: el 39461-MAG y el 39995-MAG, firmados en noviembre del 2015 y el 40059-MAG, firmado en noviembre del 2015.

Espera: El problema nació en el 2004, cuando la Contraloría detectó fallas en el registro de plaguicidas. Un decreto del 2006 intentó solucionar estos conflictos, pero en su lugar paralizó el registro de nuevos productos.

Concesiones en frontera sur:

Durante una gira de trabajo a la Zona Sur en junio del 2017, el Presidente Solís entregó 148 concesiones en la franja fronteriza sur, en la zona de Paso Canoas, luego de que en el 2016 el INDER confeccionara y pusiera en marcha un nuevo reglamento para poder otorgar esas concesiones.

Espera: Los vecinos de esas tierras tuvieron que esperar 47 años para recibir estos títulos, que les dan seguridad para la realización de trámites.

Ampliación de ruta 32 (Limón):

Esta ruta se empezó a construir en 1978, pero se terminó apenas en 1987. En el 2012 el Gobierno solicitó a China financiar su ampliación, pero no logró que el proyecto avanzara en la Asamblea Legislativa. La administración Solís lo retomó, le incorporó tres adendas y logró que la Asamblea lo avalara el 23 de febrero del 2015, y la Contraloría lo avaló el 26 de abril del 2016. La constructora china CHEC trabaja la fase de diseño de los 107 kilómetros.

Espera: El proyecto tiene seis años a la espera de concretarse.

Ampliación de ruta a San Ramón:

Es una ampliación de 20 kilómetros en esta ruta, que fracasó en tres ocasiones. La administración Solís lo retomó y trabajó con los diputados, lo que permitió que en el 2015 se aprobara una ley para construir el proyecto con un fideicomiso, que en el 2016 se adjudicó al Banco de Costa Rica.

Espera: Tiene más de 20 años de intentos fallidos. En el gobierno de José María Figueres (1994-1998) se adjudicó a MARHNOS, pero se rescindió el contrato en el 2000. En el 2005 se dió en concesión a Autopistas del Valle, que luego de ocho años no logró financiamiento. En el 2013, Autopistas del Valle vendió la concesión a OAS, pero la oposición ciudadana obligó a detener el proyecto por tercera vez.

Carretera Sifón-La Abundancia:

Es la ruta que comunicará la Zona Norte con la Meseta Central. Los tres tramos que componen este recorrido de 37 kilómetros presentan diferentes niveles de avance, pero el objetivo de la administración Solís es dejar un 95% de este proyecto finalizado, y el tramo de la llamada Punta Sur (Naranjo-Sifón), diseñado.

Espera: Las comunidades de la Zona Norte tienen alrededor de 50 años de esperar por este proyecto, que ha tenido diferentes niveles de avance, pero al final quedaba sin concretarse, e incluso partes de la ruta sin su diseño.

Convenciones colectivas a la baja:

Se prometió denunciar todas las convenciones colectivas y por primera vez en la historia del país, se lograron renegociaciones para reducir algunos de sus costos y lograr ahorros para el erario público. Por ejemplo, se concertaron ahorros de ₡5.048 millones en RECOPE durante los tres primeros años de la nueva convención, de ₡1.430 millones en JAPDEVA para los años 2017 y 2018, y de ₡8.000 millones en el Banco de Costa Rica, por citar tres casos.

Espera: Durante más de tres décadas, todos los procesos de renegociación de las convenciones colectivas del país fueron para aumentarlas.

Modernización de INCOFER:

El 28 de junio del 2016 el Presidente Solís firmó la ley para la modernización del INCOFER, un proyecto que se aprobó en la Asamblea en abril del 2016 con el que se le flexibilizaron condiciones para evolucionar, al darle autorización para realizar alianzas, condiciones para obtener financiamiento hasta por $408 millones y la posibilidad de efectuar compras más ágiles. Esto le despejó la vía para preparar el proyecto del Tren Rápido Interurbano.

Espera: La aspiración de una reforma a la ley del INCOFER para modernizarlo llevó alrededor de una década. El proyecto de ley en el Congreso requirió de cinco años para ser aprobado.

Sectorización de transporte público:

Durante esta administración arrancaron las primeras acciones para implementar la sectorización, con el plan piloto que inició el lunes 14 de agosto para la ruta Tibás-Santo Domingo-Heredia, con carriles exclusivos para autobuses y medidas de reordenamiento vial. Con ello se mantiene el programa “Costa Rica se mueve”, con el que desde octubre del 2016 se avanza, de manera gradual, para transformar el paradigma del transporte público en el país, pasando de un modelo de rutas de buses aisladas y que saturan los centros urbanos, a uno de recorridos troncalizados e integrado.

Espera: Desde hace más de 20 años se presentaron estudios y propuestas, sin concretarse. “Costa Rica se mueve” ha permitido recopilar insumos dispersos e incorporar a más actores para darle una visión integral al proceso.

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