Gobierno define reglas para fortalecer Alianzas Público Privadas (APP) en Costa Rica

País mejora su ambiente para estos acuerdos con normativa que clarifica condiciones; MEIC trabaja en decreto que despejará panorama al definir diferencias entre contratación de servicios y colaboraciones para el desarrollo

Costa Rica está mejorando su ambiente para propiciar que florezcan más Alianzas Público Privadas (APP). Un esfuerzo sostenido para despejar posibles nebulosas con nueva normativa está generando condiciones más propicias para estos acuerdos.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) está trabajando con una consulta abierta al público para elaborar un decreto ejecutivo que permita establecer un marco jurídico habilitante para que las instituciones puedan concretar relaciones en forma fluida con el sector privado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se sumaría al decreto ejecutivo 39965 H-MP emitido en diciembre del 2016, para reglamentar los contratos de APP.

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Nota de Costa Rica en Infrascopio del 2017

“Lo que queremos es propiciar mayor colaboración del sector privado para mayores encadenamientos, en el país hemos tenido pocas APP para colaboraciones entre Estado y sector privado, en gran parte porque las instituciones tardan mucho en aprobar estos acuerdos, porque no hay un marco jurídico habilitante que permita que las entidades se sientan respaldadas, por eso estamos trabajando en concretar ese marco jurídico“, expresó Geannina Dinarte, Ministra de Economía.

Como parte de la consulta, se pretende aclarar las diferencias que se pueden presentar si la APP es parte del proceso como un actor contratado, o como una colaboración para el desarrollo.

Dinarte manifestó que estas acciones se enmarcan dentro de la política de responsabilidad social que se lanzó en junio del 2017. “Este decreto es parte de las piezas estratégicas para que Costa Rica pueda propiciar una mayor responsabilidad social, no solo en empresas, sino en el Estado, la academia y las diferentes organizaciones”. La segunda fase de esta política consiste en la definición del marco habilitante para las APP, que debería definirse en las próximas semanas, y la tercera etapa será el lanzamiento de una guía para el reporte de la responsabilidad social, para que el sector privado tenga un mecanismo para reportar estas acciones y que también saldrá a consulta pública.

Impulsando las APP

De esta manera, se procura propiciar más estas alianzas estratégicas, que en Costa Rica han tenido poco desarrollo. De hecho, según el Infrascopio 2017, Costa Rica se encuentra dentro de la calificación de “país emergente” en esta materia, en la posición 11 de América Latina y empatado con Guatemala, con 62 puntos de 100 posibles.

Sin embargo, en los últimos años se ha generado un avance. Costa Rica pasó de sumar 31 puntos en el 2010, a un registro de 62 en el 2016, según este reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mide la capacidad de los países de América Latina para movilizar inversión privada a través de APP. El informe reconoce la mejora de Costa Rica a partir de la divulgación del decreto en diciembre del 2016, pero advierte de los desafíos en este campo:

“Es un avance positivo y debe seguir mejorando, pero existe el desafío de generar confianza en un sistema que aliente la participación del sector privado en mayor medida, para el beneficio general del país”. ¿Por qué la desconfianza? El informe recuerda que desde que se realizaron reformas a la Ley de Concesiones para agilizar las concesiones y estimular una mayor participación del sector privado, solo se habían materializado cuatro proyectos.

A pesar de esa situación, la diferencia entre Costa Rica y Chile, el país líder de América Latina en materia de APP, se ha reducido, como se aprecia en el gráfico:

La evolución de las calificaciones también muestra los avances y los desafíos más importantes de Costa Rica en materia de APP: el país logró un repunte muy importante en las evaluaciones de la madurez del país para esta materia (calificación de 83, empatado con Perú en el quinto puesto de América Latina), así como en el clima de inversión para estos acuerdos (calificación de 79, ocupó la primera posición de la región).

Sin embargo, aunque hay mejoras, los desafíos relevantes están en las áreas de el financiamiento, la regulación y el marco institucional.

En la evolución de financiamiento, Costa Rica registró una nota de 54, empatando con Panamá y Uruguay en el quinto puesto del área, mientras que en regulación, a pesar de las mejoras, quedó con una nota de 53, en el puesto 16 de la zona.

Y en el marco institucional, alcanzó una nota de apenas 40, que lo ubica en el puesto 15 de América Latina. A pesar de un aumento con respecto a anteriores evaluaciones, es evidentemente el área donde el país debe mejorar más su desempeño.

De hecho, las evaluaciones de Costa Rica en estos campos lo ubican como maduro en el tema de madurez para APP, desarrollado en el tema de clima de inversión, pero emergente en las áreas de regulación, financiamiento y clima institucional. Señal de que el país debe mejorar en estos apartados para avanzar en esta dirección.

De ahí la importancia de el fortalecimiento de la normativa y la definición de un marco jurídico que propicie un entorno más amigable para las APP.

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