Grupo ICE crea subsidiaria para gestión de cobro de sus empresa

Sociedad anónima, propiedad del ICE, asumirá cobros de los negocios del ICE, CNFL, RACSA y Cable Visión

El Consejo Directivo del Grupo ICE aprobó en la sesión del pasado 31 de octubre la utilización de una sociedad anónima, 100% propiedad del Instituto, para que implemente la gestión del cobro administrativo y judicial de todas las empresas de la corporación.

La medida pretende hacer la gestión más eficiente, reducir índices de morosidad, ordenar los incobrables y garantizar la confidencialidad de la información del ICE, Fuerza y Luz, RACSA y Cable Visión.

₡200 mil

Deudas en cobra administrativo debajo de ese monto permanecen sin resolverse

“Con este modelo queremos cambiar la cultura, agotando la vía administrativa mediante un centro de llamadas y negociación con clientes deudores, y que la gestión judicial sea la excepción”, comentó Cristian Gould, director de Cobro Judicial del ICE.

Agregó que el personal actual de la División de Cobros Judiciales –doce funcionarios– pasarían a formar parte de la nueva empresa, “pues se quiere aprovechar el conocimiento, la experticia y el manejo de las cuentas morosas y del entorno ICE que poseen”.

Estos funcionarios serán contratados bajo el régimen de salario global con un esquema de comisiones que responderá al desempeño de su gestión.

La auditoría externa KPMG había recomendado en mayo pasado un plan de acción para valorar todos los casos pendientes de resolución en cobro administrativo, fundamentalmente de Telecomunicaciones, a fin de determinar “la conveniencia de mantener la gestión de cobro judicial o tercerizarla mediante alianzas con proveedores externos especializados en esas gestiones”.

Específicamente, los auditores externos habían detectado que las deudas en cobro administrativo menores a los ₡200 mil seguían sin resolverse.

A raíz de ese informe, la Gerencia de Administración y Finanzas hizo un análisis sobre la viabilidad financiera del proyecto de la nueva empresa, y concluyó que permitiría ahorros netos significativos para el Instituto. La propuesta fue aceptada finalmente por el Consejo Directivo.

En 2017 se espera tener ordenados todos los casos judiciales que superan los ₡200 mil, mientras que las deudas menores a ese monto y mayores a ₡50 mil, se mantendrán en la vía administrativa, a cargo de la nueva empresa, la cual evaluará las posibilidades reales de recuperación y cuáles son incobrables.

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