INS invirtió más de ¢60 mil millones para atender seguro de vehículos desde 2014

Parte de marchamo se destina para atender atención médica e incapacidades que cubre el Seguro Obligatorio para Automotores

En los últimos dos años, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ha destinado más de ¢60 mil millones a la atención de personas accidentadas y que tuvieron que recurrir a los servicios del Seguro Obligatorio para Automotores (SOA).

En el 2014, la inversión fue de ¢33.070 millones en la atención médica, pago de incapacidades, rehabilitación, implementos ortopédicos o indemnizaciones a familiares de fallecidos. Para el 2015, el dato de enero a octubre era de una inversión de ¢27.961 millones.

¢6 millones

Cobertura del SOA para víctimas de accidentes de tránsito

El INS actúa como recaudador del cobre del marchamo o derecho de circulación. Sin embargo, solo tiene injerencia en el SOA, que representa un 18,8% del cobro total. El INS remite un 69,5% al Ministerio de Hacienda, como impuesto sobre la propiedad de los vehículos; un 6,36% al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI); un 1,94% al Consejo de Transporte Público; un 1,47% corresponde a impuestos municipales y timbres; un 1% adicional a Municipalidades para parquímetros y estacionómetros; un 0,54% para la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y un 0,38% para Infracciones de tránsito.

¿En qué se invierten los recursos que corresponden al SOA? Este seguro permite que las víctimas de accidentes de tránsito cuenten con una cobertura de hasta ¢6 millones para la atención médica, pago de incapacidades e impedimentos. Además, en casos calificados en los que esté en riesgo la vida del lesionado, esta suma puede duplicarse. Para ello requiere un dictamen de la Jefatura Médica del INS.

En esta cobertura se incluyen los costos en los que se incurre por asistencia médica quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación; prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir las deficiencias funcionales; prestaciones de dinero, que corresponden a la indemnización por incapacidad temporal o permanente, o por muerte, según se detalla en la ley; pago de traslados, hospedaje y alimentación, cuando por el suministro de los servicios médicos o la rehabilitación el lesionado debe trasladarse y el INS no puede darle ese servicio, y costos incurridos por el funeral y traslado de cuerpo, según los términos legales.

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