La contundente evidencia: despidos en sector público no solucionarían crisis fiscal

Estudio de MIDEPLAN señala que para recortar el 1% del PIB en gastos, habría que eliminar 20.228 plazas del Gobierno Central, lo cual es inviable. Aquí le explicamos por qué.

La posibilidad de reducir el déficit fiscal mediante el despido de funcionarios públicos es una alternativa altamente contraproducente, que terminaría por generar más efectos negativos que positivos.

Inquietudes en torno al tamaño de la planilla del Estado y los costos que devenga en medio de una preocupante situación fiscal, han llevado a algunos sectores a plantear el despido masivo de personal en el sector público, con el fin de evitar la aprobación de nuevos impuestos.

15%

Empleados del Poder Ejecutivo que se deberían eliminar tan solo para reducir un punto del déficit

Existen mitos y realidades en torno al empleo público, por ello el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) realizó un análisis utilizando datos recientes que le permitan fundamentar la discusión. El informe fue denominado “Gestión del empleo y remuneraciones en el Sector Público” y está disponible aquí .

Según los cálculos de este estudio, para reducir solo un punto porcentual del déficit habría que eliminar 20.228 plazas, con un costo promedio anual aproximado de ¢15 millones cada una. Debe tomarse en cuenta que el déficit fiscal cerró en el 2015 en 5,9% del PIB; es decir, aun eliminando 100.000 puestos no se eliminaría el déficit.

¿De dónde saldrían esas 20 mil plazas solo para reducir un punto porcentual?

Se debe aclarar que con recursos del Presupuesto Nacional se financia el Poder Ejecutivo (los 18 ministerios, que a su vez trasladan recursos al PANI, FODESAF, CCSS, CONAVI, entre otros), el Poder Legislativo (Asamblea Legislativa), el Poder Judicial y otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Las instituciones restantes generan sus propios ingresos, provenientes del cobro de tarifas o bien por sistemas financieros.

grafico instituciones
Seleccione la imagen para aumentar tamaño

De ese conjunto de instituciones, el Poder Ejecutivo no puede decidir sobre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el TSE, pues la Constitución Política les otorga autonomía en la fijación de los esquemas de presupuesto y remuneraciones, por lo cual no puede disponer de esas plazas.

Los ministerios reportaron una planilla de 131.288 plazas ocupadas durante el primer semestre del 2015, de las cuales cuatro instituciones concentraron la mayoría: Educación (59,7%), Seguridad (11,6%), Justicia (4,41%) y Salud (3,56%).

En cuanto a los ministerios restantes, casi la mitad tiene planillas inferiores a 500 funcionarios (es decir, el cierre de cuatro ministerios en su totalidad no alcanzaría para reducir el punto porcentual mencionado). Algunas, inclusive, resultan particularmente pequeñas como es el caso de los ministerios de Vivienda, Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología, MIDEPLAN, Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia, Relaciones Exteriores, así como Economía, Industria y Comercio; los cuales apenas agruparon el 1% del total de plazas ocupadas.

graficos-mideplan-plazas ed
Seleccione la imagen para aumentar tamaño

Entonces, ¿de dónde saldrían las plazas 20.228 plazas que se deben eliminar tan solo para un punto del déficit? Habría que despedir a educadores, policías o personal del sector salud.

El Gobierno se niega a seguir este camino, pues causaría gran daño para el modelo de desarrollo del país y terminaría por afectar a los usuarios de los servicios públicos. Sería una peligrosa decisión que paralizaría la prestación de servicios elementales.

Otra dimensión del análisis, está dada por el impacto de despidos masivos de trabajadores profesionales, cuya falta de ingresos afectaría directamente áreas como: los mercados inmobiliarios, el transporte, los créditos hipotecarios, el sistema tributario, la actividad comercial. Debe considerarse que el salario es un factor de dinamización para la actividad económica en general.

¿Qué otras opciones se plantean para reducir gastos?

Se ha discutido la disminución en el pago de horas extra e incentivos. A pesar de que la partida de horas extra es un rubro muy pequeño dentro del Presupuesto Nacional, que tan solo representa un 0,4% dentro de las remuneraciones para el 2017, se han ejecutado recortes reduciendo aún más esta cifra.

Según la base de datos de INTEGRA (información salarial del Gobierno Central), de un total de 127.059 funcionarios registrados entre agosto del 2014 y julio del 2015, solo el 7,8% recibió pagos por horas extra en al menos un mes.

En cuanto al pago de incentivos financiados por el Presupuesto Nacional, se han hecho esfuerzos para evitar que se dispare el gasto. Las negociaciones salariales han sido austeras, realizadas sobre la base del comportamiento de la inflación, permitiendo reducir el total pagado en los distintos componentes del salario o pluses. También se han congelado plazas y se ha revisado el pago del incentivo por prohibición.

De acuerdo con lo anterior, en el 2015 se logró una reducción de más de ¢20 mil millones por plazas que no se llenaron en el primer semestre y se disminuyó en ¢2 mil millones en gastos flexibles que incluyen horas extra. Solo la Presidencia de la República logró reducir el pago de horas extra en 88%.

Existen otras opciones para reducir el gasto público, pero evidentemente, el empleo no es un factor decisivo en esta ecuación. A menos que únicamente se quiera reducir la planilla del sector público sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que esto tendrá para los usuarios.

Este sitio cuenta con un lector de texto en pantalla para personas ciegas y con baja visión. Para utilizarlo seleccione el texto con el cursor del mouse y presione el ícono que aparece.

Aumentar texto

  • A  A  A  A  A