Las 7 razones por las que necesitamos una nueva Ley de Aguas

El país requiere actualizar una normativa que ya tiene 74 años

Nuestra Ley de Aguas data de 1942 y fue aprobada en un contexto muy diferente en Costa Rica, con muchas y buenas fuentes de agua y con un riesgo de pérdida de este recurso muy bajo. Actualmente urge aprobar una nueva Ley de Aguas que responda a las demandas y necesidades actuales y que contribuya a revertir con los procesos de deterioro del agua ya mencionados.

Podemos enumerar siete razones para apoyar la necesidad de actualizar la ley, que tienen relación con aspectos de la realidad del país, de aspectos de protección de este bien y argumentos normativos.

1. Nuevos principios rectores hacia la gestión del agua. La normativa legal actual de gestión del agua no cuenta con principios modernos e internacionales para garantizar la seguridad hídrica nacional. Dada la situación actual del agua, se hace estrictamente necesario contar con la introducción de nuevos principios rectores, algunos de ellos  estratégicos:

  •  Acceso al agua para consumo humano y al saneamiento, como un derecho humano fundamental e indispensable.
  • Preventivo y precautorio, procurando la mayor protección y la adopción de medidas eficaces para impedir su deterioro. Si alguien cometiera un daño al agua o a los ecosistemas relacionados con ella, debe revertir este daño a su estado anterior y compensar a terceros que afectare.
  • Internalización de costos en relación al uso y a su contaminación, considerados aquellos de índole económica, financiera, ambiental y social.
  • Participación ciudadana, garantizando y fomentando a todo nivel que todas las personas tengan el derecho a contar con información y a participar en la toma de decisiones y en las acciones.
  • Planificación del agua en función del ciclo hidrológico e hidrosocial, respetando la función y los servicios de los ecosistemas, así como asegurar la sostenibilidad económica y la gestión integral del recurso hídrico.

2. Definición clara del ente rector y de la estructura organizacional de la gestión del agua. El gran problema en la gestión del agua en Costa Rica es la baja gobernabilidad, basada en una institucionalidad fragmentada y con competencias que se traslapan. Con la nueva Ley de Aguas, se crea el Sector Hídrico y no deja dudas que el ente rector para su gestión es el MINAET, por medio de la Dirección Nacional de Aguas (DINA). La DINA, aunque adscrito a este Ministerio, contará con personería jurídica y con desconcentración máxima, esto le permite mayor agilidad en su quehacer y mayor independencia en la toma de decisiones. La DINA no estará concentrada en el Valle Central, sino que se desconcentrará por todo el país, estableciendo oficinas en las regiones hídricas o regiones hidrológicas del país acompañadas con Consejos por Unidades Hidrológicas.

3. Participación real en la gestión del agua. El marco legal actual solo da atribuciones a las instituciones del Estado para el control y toma de decisiones en la gestión del agua. Uno de los principios de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico es la participación real en la gestión del agua. Respondiendo a este principio, los Consejos de Unidades Hidrológicas, se conforman de 14 representantes de los diferentes sectores presentes en la Unidad Hidrológica y los mismos tienen poder de decisión sobre el Plan Hídrico de dicha unidad.

4. Establece nuevos instrumentos de planificación del agua Si bien contamos con algunos instrumentos der gestión hídrica, no son vinculantes para toda la administración, por no estar contemplado en la legislación de aguas. El nuevo proyecto de Ley, además de establecer el Plan Hídrico Nacional -como instrumento orientador para las acciones gubernamentales con prioridades, lineamientos y metas- establece los Planes Hídricos de Unidades Hidrológicas, basados en los balances hídricos por cuenca, considerando los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Estos balances hídricos, deberán ser realizados cada cinco años. De esta manera, se introduce la cuenca hidrológica como la unidad lógica de gestión y planificación del agua. Estos instrumentos de planificación del agua, deben estar coordinados con los de ordenamiento territorial, como son los planes reguladores o planes regionales. Además de que se establece el monitoreo y la fiscalización permanente de la calidad de las aguas con responsabilidad a la DINA, apoyada científica y técnicamente por otras instituciones públicas y Universidades Públicas, se debe llevar un control de los vertidos de aguas residuales y categorizar los cuerpos de aguas superficiales por cuenca hidrográfica, de acuerdo a su calidad. Esto permitirá a los Consejos de las Unidades Hidrológicas, definir metas de reducción de la contaminación de forma gradual y participativa.

5. Se mantienen las áreas de protección hídrica, establecidas previamente por otras leyes nacionales La normativa legal actual no garantiza una protección efectiva del agua, por no ser técnica, ambiental, social ni económicamente viable su implementación. La nueva propuesta de proyecto de Ley de Aguas, mantiene las áreas de protección hídrica establecidas previamente por la Ley de Aguas de 1942 y la Ley Forestal. Únicamente, define de forma más clara y concisa, el establecimiento de estas áreas y la reposición de vegetación en caso de que éste hubiera sido removido. Para la protección de acuíferos que se encuentran en vulnerabilidad, previamente determinado con un estudio científico, el MINAET por decreto ejecutivo debe declarar la protección de la zona de recarga y descarga, delimitadas bajo las reglas de la ciencia y la técnica. Solo en caso de comprobarse que estas aguas son necesarias para asegurar y garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano actual o futuro, el MINAET las puede declarar como áreas de protección absoluta.

6. Se crean instrumentos e incentivos económicos que contribuyen con la gestión integrada del agua Si bien la ley de aguas actual permite el cobro por el agua con el canon, se debe consolidar como instrumento para la gestión integrada. Es necesario reconocer que el agua no es un bien gratuito, sino que tiene valor social y económico fundamental. Por lo tanto, se debe pagar por su aprovechamiento y por el uso que se hace de los cauces de los ríos o quebradas, como cuerpos receptores de las aguas residuales y por el servicio ambiental que estos cauces y el agua de los mismos hacen al verter aguas con cierto grado de contaminación. El cauce permite el traslado de estas aguas y el agua del cauce, cumple una función importantísima de dilución de la carga contaminante recibida. El valor económico total del agua incluye, por lo tanto, no solo el servicio recibido sino el valor que implica los servicios ambientales recibidos de este bien y la conservación del mismo. Respondiendo a lo anterior, la nueva propuesta de Ley de Aguas, incluye el canon ambiental de aprovechamiento de aguas y el canon de vertidos. El fondo económico creado con estos ingresos y otros, se debe revertir en la gestión del agua en la misma cuenca donde se generó, lo que garantiza la sostenibilidad económica de la gestión integrada del recurso hídrico.

7. Se crea una normativa para asegurar la sostenibilidad. La perforación de pozos para la extracción de agua subterránea hoy día no es delito y las penas están tipificadas con una brecha de 70 años cuando se promulgó la ley de aguas actual. Actualmente el Estado costarricense no cuenta con los instrumentos necesarios para poder sancionar a aquellas personas, sean físicas o jurídicas, que se encuentran utilizando el agua de manera ilegal (no cuentan con una autorización por parte del ente rector para poder gozar de este bien de dominio público), lo que dificulta a la administración contar con datos concretos de la disponibilidad de agua en alguna cuenca específica. Es necesario tomar conciencia en la importancia de mantener este recurso a salvo, por ello se sanciona también a quienes contaminan este recurso o alteran las zonas de protección del mismo.

Una reflexión final acerca de los beneficios que el país recibirá al contar con una nueva Ley de Aguas La propuesta de proyecto de la nueva Ley de Aguas tiene ante todo tres fundamentos: ético, técnico y participativo por la forma en que ha sido formulada. No es una iniciativa de algunos sectores, partidos ni de un gobierno es específico, sino de varios períodos de gobierno y de muchos sectores y grupos. De ahí que reúne diversas perspectivas que se han integrado para enriquecer y mejorar inclusive lo que había en la propuesta de proyecto de Ley del Recurso Hídrico de Iniciativa Popular, de manera concertada por los diversos actores que han contribuido. Y de no actuar ahora, podría ser muy tarde…

  • Presidenta Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
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