Ley de Caja Única promoverá mejor ejecución de recursos financieros

Instituciones tendrán 2 años y las Juntas de Educación 4 años para utilizar los saldos contables que tengan disponibles en la Caja Única

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos, expediente No.19.555, con la cual promoverá un mejor uso de los recursos que las instituciones públicas ejecutan y que complementa los esfuerzos que está realizando la Administración Solís Rivera para contener el gasto.

Aunque las cuentas de Caja Única son un pasivo sin costo para el Ministerio de Hacienda, la acumulación de saldos es resultado de la no ejecución de recursos financieros asignados a las instituciones adscritas a ministerios de Gobierno Central de años anteriores reflejan ineficiencia en la ejecución e implica mayores niveles de endeudamiento cuando dichos fondos se ejecuten.

6%

Incremento de saldos en Caja Única en tres años

Las instituciones gestionan sus recursos en cuentas de Caja Única, que administra la Tesorería Nacional, y efectúan sus pagos en forma electrónica directamente a funcionarios y proveedores, según lo soliciten. En los últimos tres años estos saldos se han incrementando en un 6% aproximadamente.

Con esta nueva Ley, las instituciones tendrán un plazo de dos años y las Juntas de Educación cuatro años, para utilizar los saldos contables que tengan disponibles en la Caja Única. En caso de no ser utilizados, el Ministerio de Hacienda evitará endeudarse para conseguir esos recursos, y por consecuencia, reducirá la deuda pública.

money-1428587_1920Con la aprobación de este proyecto, las entidades tendrán que tomar las medidas necesarias para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos recibidos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Además de presupuestar, programar y ejecutar el uso del superávit libre que mantengan en Caja Única del Estado y transformarlo en obra pública.

Esta Ley se aplicará a las instituciones de la administración central, conformada por el Poder Ejecutivo central y sus dependencias, así como al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares y los otros entes públicos o privados, que reciban transferencias de forma directa o indirecta del Presupuesto Nacional.

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