Los mitos y las verdades sobre el empleo público en Costa Rica

Un diagnóstico realizado por una Comisión Interministerial y presentado por su vocera, la ministra Olga Marta Sánchez de Planificación, permite dimensionar tema

¿Es el empleo público el principal problema del déficit fiscal en Costa Rica? No. ¿Hay problemas que deben corregirse? Si. ¿Puede resolverse la crisis fiscal a partir de acciones en el empleo público? No. ¿Es una materia compleja y fragmentada? Si.

En medio del debate sobre la situación económica y fiscal, el empleo público se ha convertido en uno de los temas polémicos, en posiciones que a veces han partido de conceptos errados. Para contribuir con un debate sustentado, se creó una Comisión Interministerial sobre Empleo Público, compuesta por Presidencia, Hacienda y Planificación.

La ministra de Planificación Olga Marta Sánchez, como vocera de la Comisión, presentó ante la Asamblea Legislativa insumos para esta discusión, en la que se identificaron mitos y verdades sobre el empleo público, que resumimos a continuación. Puede consultarse el documento completo aquí: Empleo Público.

Mitos

Existe una idea de que el empleo público en Costa Rica es excesivo. En realidad, el porcentaje del Gobierno Central es de un 5% de la fuerza de trabajo, una cantidad superada por Uruguay (11,6%) y República Dominicana, Panamá, Paraguay y Bolivia, entre otros. Es superior al rango de los países centroamericanos, que van de 4,1% a 3,8%, pero debe tenerse en cuenta que estos países poseen bajo desarrollo de la institucionalidad pública. A continuación, cinco grandes mitos sobre el empleo público en Costa Rica.

1) Los salarios públicos son financiados con impuestos recaudados por el Ministerio de Hacienda

Según datos de la Contraloría, las remuneraciones en el sector público fueron de 4,7 billones en el 2014. Sin embargo, el 58% correspondió a entidades fuera del ámbito del Gobierno Central, como instituciones descentralizadas o empresas públicas no financieras. Muchas se financian con ingresos propios, mediante tarifas o bien por sistemas financieros.

2) Los salarios públicos se pagan con recursos del Presupuesto Nacional

Los salarios que se financian con el Presupuesto son los ministerios, el Poder Judicial, la Contraloría, la Defensoría y el TSE. Representan un 42% de los salarios del sector público. De este grupo, el 80% de las remuneraciones se concentran en el Ministerio de Educación, Seguridad Pública y el Poder Judicial.

3) Todos los salarios en el sector público son más altos que en el sector privado

Suele presentarse el error de comparar el promedio de remuneraciones públicas y privadas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que según datos del Ministerio de Trabajo, alrededor de 28,2% de trabajadores del sector privado reciben menos del salario mínimo. Además, en el empleo público predominan los profesionales (75%), que en el sector privado solo llegan al 26%.

Para evitar comparaciones equivocadas, se deben cotejar salarios promedio en categorías ocupacionales similares. A nivel profesional se observan pocas diferencias entre Gobierno Central y sector privado, particularmente en gerentes, profesionales e intelectuales la relación es uno a uno. En el resto del sector público, estas categorías presentan un salario que supera en 24 y 27% el pago privado. En síntesis, no hay diferencia significativa.

4) El problema fiscal se puede solucionar reduciendo la planilla

El déficit se proyecta en alrededor de un 6,9% del PIB. Para reducir alrededor de un 1% del PIB, se requerirían alrededor de 20.228 plazas. Cerrando la mitad de los ministerios en su totalidad, apenas se alcanzaría una quinta parte de esa cifra. Para lograr una cantidad significativa, se tendría que recurrir a despidos de maestros, policías o empleados del Poder Judicial en gran escala.

Además, debe considerarse que los despidos masivos de trabajadores crearían un problema adicional para la economía, dado que afecta la dinámica de mercados inmobiliarios, créditos hipotecarios, transporte, comercio y  el sistema tributario. Esta experiencia se probó hace tres décadas con resultados negativos.

5) Las horas extra son un rubro excesivo en el Presupuesto

La partida de las horas extra representa solo un 0,43% dentro del total del presupuesto de remuneraciones. La reducción tiene que ver con una cultura de austeridad y de equidad. Y casi la mitad de esta partida (47%) corresponde al Poder Judicial, entidad que se rige bajo sus propios lineamientos salariales.

Verdades

Existen una serie de informaciones que son situaciones verdaderas, sustentadas con datos verificados, que los ciudadanos tienen que conocer para tener una opinión real en esta materia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Costa Rica existen aproximadamente 305.000 empleados públicos. Representan alrededor de un 15% de los ocupados del país.

1) Decisiones técnico políticas incrementaron significativamente la partida de remuneraciones en últimos seis años 

Entre 1985 y 1999, las remuneraciones se mantienen constantes alrededor de un 5% de la producción, pero luego se presenta una tendencia creciente, con dos saltos en los períodos 2000-2002 y 2008-2010. Entre 2000 y 2002, los salarios crecieron casi un punto porcentual; en esos años la tasa de variación de las plazas ocupadas aumentó por encima de los años previos. Y entre el 2007 y el 2010, se volvió a presentar un incremento de plazas ocupadas superior al promedio en el 2009, pero además varió la política salarial del percentil 50, ya que se determinó que había salarios poco atractivos en puestos profesionales, lo que generaba pérdida de experiencia y dificultad para contratar personal capacitado en Gobierno Central.

2) Hay una alta fragmentación de esquemas salariales públicos, que conduce a disparidades salariales importantes en el sector público

La composición salarial es diferente en el Gobierno Central, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, instituciones públicas financieras, empresas públicas no financieras y órganos desconcentrados. En estas entidades, el peso porcentual de ocho componentes varía mucho: las remuneraciones básicas van de 33% a 47%, la restricción al ejercicio liberal de profesión va de 5% a 13%, otros incentivos van de 2% a 14%, las remuneraciones eventuales van de 2% a 11%, y las cargas sociales varían del 13% al 25%.

3) Las remuneraciones del Gobierno Central son las más bajas del sector público

El pago con respecto al Gobierno Central en el nivel gerencial es un 75% mayor en una empresa pública y un 33% en una entidad descentralizada. En la categoría de profesionales, científicos e intelectuales, el pago es mayor en un 36% en empresas públicas y en un 32% en entes financieros. En niveles profesionales medios, el personal administrativo gana un 40% más en instituciones financieras. La brecha es mayor en categorías no profesionales, en la categoría de oficiales, operarios y artesanos, el salario es 70% mayor en empresas públicas y es más del doble en descentralizadas y desconcentradas.

4) Hay desigualdades en categorías profesionales similares entre las instituciones que financian remuneraciones con el Presupuesto

Dentro de las instituciones hay grandes disparidades. El salario base de un ministro es un 50% del salario de un magistrado del Poder Judicial, mientras este pago representa una quinta parte de la remuneración del jerarca de la Contraloría. Incluso el salario base del Contralor es casi el doble del que recibe el Presidente de la República.

Las diferencias se presentan entre otras categorías, que en algunos casos van de pagar un 65% de lo que recibe otro funcionario por el mismo cargo en otra entidad, hasta categorías donde la diferencia es el doble.

5) En las instituciones que se financian con el Presupuesto, los incentivos salariales ganan participación por su crecimiento acelerado

Del 2011 al 2014, los salarios base redujeron su peso en el Presupuesto, pasaron de un 42% a un 40%. Las anualidades representan un 11%, mientras otros incentivos ya son un 14%, creciendo por encima del desarrollo de la producción.

6) Los incentivos son el rubro de mayor importancia en las remuneraciones, pero están concentrados en dos entidades

El Ministerio de Educación y el Poder Judicial concentran el 72% de los incentivos pagados en el Presupuesto Nacional. Educación representa más de la mitad (55%) y crecen a un promedio de un 10% anualmente, mientras el Poder Judicial representa un 17% y crece a un 11%.

7) En el sector público hay mayor formalidad y preparación educativa

Casi el 70% de los trabajadores del sector público tienen educación universitaria, mientras que en el sector privado este nivel educativo se limita a un 21%. Y según el Programa Estado de la Nación, los niveles de formalidad en el sector público son cercanos al 100%, mientras en el sector privado se reducen, pasando de 56% en 2011 a 48% en 2014.

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