Ministerio de Trabajo preparado para nuevas responsabilidades con Reforma Procesal Laboral

Además de fortalecer sus funciones de inspección, asume competencias para regular los procesos de arbitrajes en ámbito laboral, registrar las causas de despido en las respectivas cartas, y los procesos para las declaraciones de huelga

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está preparado para asumir nuevas responsabilidades, a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, este 25 de julio. Además de ver fortalecido su papel de inspección laboral, se convertirá en el rector de los procesos de arbitraje en esta esfera, lo que deberá facilitar la resolución de conflictos.

La Viceministra Nancy Marín declaró que la institución se preparó para las responsabilidades que se derivan de la entrada en vigencia de esta histórica reforma laboral, la más importante en 70 años. Para ello, realizó fuertes procesos de capacitación desde el año pasado, tras suscribir un convenio con el Poder Judicial.

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Plazas creadas en Ministerio de Trabajo para atender Reforma Procesal Laboral

Para enfrentar estas responsabilidades, se abrieron 108 nuevas plazas, que permitirán fortalecer tanto la Dirección Nacional de Inspecciones que organiza y procesa las visitas a los centros de trabajo, como la Dirección Nacional de Asuntos Laborales, que se encarga de la labor de conciliaciones y asume las competencias para los procesos de arbitraje.

Como parte de las adaptaciones, se tendrán seis unidades de resolución alternativa de conflictos en el país, en San José, Alajuela, Puntarenas, Limón, Guanacaste y Pérez Zeledón. En cada uno de ellos habrá dos árbitros. “Se ha trabajado muy fuerte la capacitación para este proceso, queremos una vía muy expedita, con procesos que duren un máximo de seis meses; cuatro meses si es un procedimiento normal y dos meses más si la materia es compleja”, explicó la Viceministra.

Otras funciones nuevas que se deberán aplicar consiste en las nuevas regulaciones en el tema de la carta de despido, que deberán incluir las causas de la suspensión del contrato laboral. El patrono no podrá alegar otras causas en sede judicial tras entregarla al empleado. Y en caso de que el trabajador no la quiera recibir, el patrono deberá remitirla al Ministerio de Trabajo en los 10 días hábiles posteriores al despido.

La cartera de Trabajo también deberá fiscalizar los procesos de declaración de huelga, particularmente en los casos donde no haya sindicato de empleados. “Si un sindicato quiere ir a huelga, requiere al menos el 30% de las personas sindicalizadas en el centro de trabajo. Si tiene menos afiliados, o no hay sindicato, un grupo de trabajadores puede solicitar una votación“, explicó Marín.

En este tema, el Ministerio presentó una propuesta del mecanismo de votación que deberá regir estos procesos. Junto con dos reglamentos más -sobre membrecía sindical y sobre la regulación de los centros de Resolución Alternativa de Conflictos y los centros de arbitraje privado-, están prontos a ser divulgados.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo se preparó para estar a tono con los desafíos de esta revolucionaria reforma procesal. Y aunque algunos sectores habían externado temores sobre las repercusiones de este cambio, Marín opinó que el sistema se fortalece en su conjunto. “Ahora hay más seguridad jurídica, reglas más claras, es una gran oportunidad para el país con una legislación más progresista en lo laboral y un acceso a la justicia de manera más efectiva, y con posibilidades de desarrollar vías alternas para la resolución de conflictos”, resaltó.

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