Ministra de Justicia y Paz expone avances de abordaje integral del sistema penitenciario

Se invierte en infraestructura penal para reducir el hacinamiento y vigilar los derechos humanos

La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, presentó, este martes, los avances que la institución ha tenido en el abordaje integral del sistema penitenciario.

Desde 1999, en Costa Rica no se construía una nueva cárcel. Para este 2017, el país contará con tres nuevas Unidades de Atención Integral para albergar 1.600 personas privadas de libertad en espacios para la ocupación laboral y el estudio.

$66 millones

Inversión que se realiza en nueva infraestructura penal

Esos centros se ubicarán en San Rafael de Alajuela, Pococí (Limón) y Pérez Zeledón. En total, se trata de una inversión de $66 millones. La UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael) tiene un avance del 95%, la de Pérez Zeledón un 99% y la de Pococí un 25%.

Los espacios responden a un modelo de atención que permitirá ubicar población con un perfil convivencial adecuado para que trabajen y reciban capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje.

En materia de infraestructura, además, se está culminando la remodelación del ámbito D (antigua mediana cerrada) en La Reforma, para 204 personas con una inversión de ¢585 millones.

Promoción de derechos

La defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad se constituye en el bastión fundamental del Ministerio. En esa línea, la ministra Sánchez ordenó cerrar, en agosto del 2016, el ámbito F de La Reforma, conocido como Las Tumbas, por aislar y confinar a personas durante mucho tiempo. Este espacio será remodelado para convertirse en un espacio laboral, que albergue a unas 88 personas.

En esta gestión, además, se ha hecho un cumplimiento efectivo de órdenes judiciales, tanto de Juzgados de Ejecución de la Pena como de la Sala Constitucional, para disminuir el hacinamiento crítico, así como ejecutar el cierre ordenado por un juez del CAI San José.

En materia de hacinamiento, es necesario hacer una revisión de la política criminal, pues la problemática no se resuelve únicamente con proyectos constructivos. Por ello, el Gobierno presentó un proyecto de ley de servicios de utilidad pública, el cual fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

El objetivo es evitar una saturación innecesaria, injustificada y costosa del sistema penitenciario, ya que, tal y como lo recomienda la ONU, con penas alternativas a la prisión se garantizan sanciones para los infractores no violentos de la ley penal y se introducen, al tiempo, formas punitivas distintas al encierro que eviten que haya impunidad.

La institución además ha promovido firma de convenios interinstitucionales con el Centro por la Justicia Internacional para diagnosticar poblaciones vulnerables, la Liga Deportiva Alajuelense, la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de Centroamérica, Colegio de Médicos, Municipalidad de Liberia y San José, Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros.

Lo anterior, con el fin de promover ferias artísticas y culturales, presentaciones en comunidades, actividades deportivas, visitas a teatros, conciertos, talleres de poesía, creación de libros, festival de canto penitenciario, con la participación activa de población femenina, masculina y penal juvenil.

Igualmente, se creó la Oficina de Inserción Social para cumplir con el fin rehabilitador de la pena y dar seguimiento en fase postpenitenciaria. Este objetivo va de la mano con el impulso que el Ministerio dio a la aprobación de ley para eliminar antecedentes para pedir trabajo.

En materia legislativa, el Ministerio da impulso a otros proyectos de ley: ejecución de la pena, introducción de proporcionalidad en delitos de hurto, bloqueo de señal celular en cárceles y el proyecto para juzgamiento de mujeres en condición de vulnerabilidad.

A propósito, en materia de género, se instauró el Programa de Atención de la Mujer y el CAI Buen Pastor fue bautizado como Vilma Curling Rivera, en honor a una enfermera que trabajó por casi tres décadas como voluntaria.

Materia policial

No puede quedar por fuera la atención de las necesidades de la Policía Penitenciaria. En enero del 2016, quedó aprobado el nuevo Manual de Clases que permitirá a 3.600 policías reivindicar las condiciones laborales a través de una dignificación salarial. De esa forma, la institución salda una deuda histórica con el gremio policial, ya que desde el 2006 no se había realizado una actualización al Manual de Clases.

También, se ha invertido en infraestructura de dormitorios. En el CAI San Carlos, se invirtieron ¢400 millones para 120 espacios policiales, se remodelaron 180 espacios en CAI La Reforma  y están en proceso 227 en el CAI Gerardo Rodríguez.

Además, se inauguró el centro de monitoreo que vigila con cámaras las cárceles del complejo La Reforma, Zurquí, Liberia y las tres Unidades de Atención Integral. Igualmente, se inauguraron las unidades caninas regionales en Pococí y Puntarenas.

En febrero pasado, ya se habilitó el sistema de vigilancia electrónica con una inversión inicial para poner en uso 270 dispositivos es de ¢860 millones. En esta línea, el Poder Ejecutivo aprobó un reglamento para cubrir vacíos normativos de la Ley que se aprobó en octubre del 2014 y presentó una reforma legal a la Asamblea Legislativa.

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