Modernización a legislación laboral de Costa Rica logró histórico avance

La Reforma Procesal Laboral que estuvo al borde de ser archivada permite al país recuperar posiciones como líder en la normativa que regula el trabajo

Un acuerdo multipartidista logró la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, que estuvo a punto de naufragar, a pesar de ser un proyecto construido con un acuerdo ejemplar entre jueces, empresarios, sindicatos y diputados, y ser calificada de una necesidad para eliminar la herrumbre en la legislación laboral costarricense.

Algunos aseguraron que se trata de la reforma legal laboral más importante del país desde la adopción del Código de Trabajo en 1943. Más de siete décadas después, la normativa del mundo de trabajo se mostraba oxidado: juicios que duraban décadas en promedio, trabajadores que desistían de acudir a tribunales por los extensos procesos, patronos que padecían de incertidumbre en algunos casos… se requería una modernización profunda. Y eso lo consigue la reforma en varios campos.

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Fuerza de trabajo en Costa Rica, según ECE de INEC

Justicia pronta y oportuna: La reforma construída desde la Corte, con la participación de jueces, abogados, empresarios, sindicalistas y políticos, presentada a la Asamblea en el 2005 finalmente dio el paso. La propuesta dinamiza el funcionamiento de los procesos laborales, al introducir una oralidad que deberá permitir pasar de los promedios de décadas a meses. Esto permitirá descongestionar los estrados judiciales y garantizar justicia pronta y oportuna. Esto dará mas seguridad jurídica a empleadores y empleados.

Más vías para lograr arreglos: El proyecto presenta una gran gama de posibilidades para que en los conflictos individuales y colectivos se acuda a la conciliación, a la mediación y al arbitraje. En el caso de conflictos individuales puede acudirse al MTSS, a órganos privados, o al juez, antes de presentarse la demanda; en el caso de conflictos colectivos, se modernizan las formas de resolverlos fuera o dentro de los tribunales.

Claridad en el despido: Se establece un nuevo sistema para determinar las causas de despido, obligando al empleador a entregar una carta de despido que indique con claridad las razones. En un juicio esta carta será la única justificación que acepte el juez, y el patrono no podrá alegar otras razones.

Democratiza el acceso a la justicia, estableciendo una defensa pública para los trabajadores de bajos ingresos, las madres, menores de edad y personas que hayan sido discriminadas en el trabajo. Mejora la protección de mujeres embarazadas y de personas que denuncien hostigamiento sexual.

Proteger a los más débiles y evitar la discriminación: Dispone una prohibición de toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma similar de discriminación.

Al valor actual: Cuando un empleador es condenado a pagarle a un trabajador salarios no pagados, no solo deberá pagar la deuda y los intereses, además deben ser indexados, es decir ser traídos al valor presente.

Un camino empinado

Presentado en setiembre del 2005 a la Asamblea Legislativa luego de meses de reuniones y búsqueda de consensos, logró ser aprobado en el 2012, pero la Presidenta Laura Chinchilla lo vetó en octubre del 2012, por considerar que legalizar el derecho a huelga en seervicios esenciales eran inconveniente, luego de que había sido celebrado como un hito en la legislación laboral.

El Presidente Luis Guillermo Solís lo rescató al levantar el veto en diciembre del 2014, pero la Sala Constitucional lo volvió a dejar en el limbo en agosto del 2015, al indicar que la Presidenta Chinchilla había interpuesto mal su veto, por lo que el proyecto volvió a quedar en situación incierta: no se podía levantarle el veto, pero el veto tampoco había sido legal.

Esa ambiguedad se terminó cuando el pasado 9 de diciembre 44 diputados le dieron el aval a un nuevo texto, sin los artículos de la discordia sobre la huelga en servicios públicos esenciales y rescatando la esencia del proyecto inicial.

Ante este panorama, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Victor Morales Mora mostró su agradecimiento y reconocimiento a los diputados por la aprobación en primer debate del proyecto más importante de la Administración Solís Rivera en materia laboral, que recibió su segunda votación este 14 de diciembre.

“Después del Código de Trabajo promulgado en 1943, la Reforma Procesal Laboral es la más importante modificación de la legislación laboral costarricense de nuestra historia. Modernizamos aquel visionario Código que hoy se encuentra obsoleto ante la tardanza en la resolución de los juicios y la falta de mecanismos para una adecuada protección y defensa de los derechos de los trabajadores. Incluye una gran cantidad de innovaciones en materia de relaciones laborales y de defensa de los derechos de las y los trabajadores”, resaltó Morales.

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