Proyecto de Presupuesto de Gobierno para 2018 reduce gasto institucional y destina la mitad al área social

Solo crece gasto vinculado a mandatos legales y constitucionales; el 96% del presupuesto está comprometido, por lo que el margen de acción de Gobierno es muy limitado

Atendiendo las disposiciones del Presidente Luis Guillermo Solís de mantener al mínimo el crecimiento de las partidas que no tienen respaldo legal para su asignación, el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año presentado este 1 de setiembre a la Asamblea Legislativa reduce el gasto institucional en un 1,4%, y las trasferencias sujetas a límite decrecen un 2,7% y en el que alrededor de la mitad se destina al sector social.

Es un presupuesto responsable y austero” lo calificó el Vicepresidente y Ministro de Hacienda Helio Fallas,al resaltar que los únicos destinos que muestran algún crecimiento son los que están vinculados a mandatos legales y constitucionales. De esta manera, aunque el plan de gastos crece un 3,2% como consecuencia de obligaciones ineludibles como pago de la deuda, pensiones y recursos para educación.

1,4%

Reducción en gasto institucional en Presupuesto 2018

Para el próximo año, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República asciende a ¢9.313.932,4 (¢9.3 billones), esto representa un crecimiento de 3,2%, con respecto al año anterior, como consecuencia de obligaciones ineludibles. De este monto, ¢5.2 billones se financiará con impuestos y ¢4.1 billones deberá financiarse con deuda interna.

“Como lo hemos hecho desde inicios de esta Administración, la propuesta protege el Estado Social de Derecho y la visión de Estado que hemos pactado, al asignar un 48,6% del presupuesto para gasto social, prioridad que se orienta, principalmente, a los sectores más vulnerables de la población. También, atiende el pago de la deuda con el fin de proteger la credibilidad internacional y la estabilidad económica del país. Como lo podrán ver en cada rubro que lo compone, es un presupuesto austero, formulado con responsabilidad y atendiendo el mandato del señor Presidente, de no aumentar el gasto institucional ante la difícil situación fiscal que enfrenta el país. Este proyecto, viene a evidenciar una vez más, la urgencia de contar con nuevas leyes que contribuyan a reducir el déficit fiscal y la deuda, rubros que seguirán aumentando si no actuamos ahora”, expuso Fallas.

El proyecto se formula bajo el concepto legal de “Estado de Necesidad derivado de la imposibilidad material para cumplir con la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales, lo que exige tomar decisiones sobre la asignación de recursos. Este es un concepto jurídico que se emplea ante una realidad compleja, en la cual se deben ponderar dos situaciones extremas e incompatibles entre sí, para optar por la que implique un daño menor.

La realidad económica y financiera de Costa Rica en este momento, obliga al Estado a escoger entre atender la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales y aumentar significativamente el endeudamiento del país, con las consecuencias que eso conlleva; o atender parcialmente estas obligaciones de acuerdo con las posibilidades fiscales y financieras, aunque esto impida un cumplimiento total de esta obligación. En el proyecto 2018 se está optando por la segunda situación.

El contexto en el que se elabora la propuesta considera un déficit fiscal estructural desde el 2009; una deuda cercana al 50%; leyes de impuestos desfasadas que datan de la década de los 80; obligaciones que crecen atadas a indicadores económicos, tales como los recursos para Educación, PANI y Poder Judicial y una escasez de liquidez experimentada en semanas recientes. Es por ello que los lineamientos sobre los que se formula responden a este contexto y en consecuencia, a la difícil situación fiscal que enfrenta el país y a la ausencia de nueva legislación que permita mejorar los controles contra la evasión, aumentar los ingresos y hacer más eficientes los controles y la calidad del gasto público.

Fallas recalcó que como ha venido ocurriendo en los últimos años, un alto porcentaje de los recursos se utilizará para pagar deuda adquirida en años anteriores, y sus intereses, lo que limita la disponibilidad para atender otras necesidades de la población. Además, existen asignaciones presupuestarias que alcanzan el 96% del total de presupuesto, sin posibilidad alguna de racionalizarlas o disminuir su uso, lo que hace que el margen de acción sea muy limitado.

“¿Cómo resolver este problema estructural que tanto nos afecta? Aprobando leyes que respalden las obligaciones que como país hemos otorgado al Estado, pero sin fuentes de financiamiento; desvinculando las obligaciones que pesan sobre los ingresos corrientes u otros indicadores (PIB, salarios base) para lograr una asignación presupuestaria bajo criterios de eficacia y eficiencia; creando las respectivas fuentes de financiamiento en toda nueva ley, que permitan respaldar los nuevos gastos; mejorando los controles que inciden sobre la recaudación de impuestos e impulsando medidas para una mayor eficacia y eficiencia en los gastos”, enfatizó el Ministro.

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