Reforma a caja única: propuesta para fortalecer eficiencia en gestión pública

La caja única del Estado se basa en el principio constitucional (Art. 185) que determina que tanto los ingresos del Gobierno Central, como sus egresos, deberán ser canalizados mediante la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, de modo que para las autoridades de control de la Hacienda Pública resulte más eficaz la vigilancia sobre el buen uso que se dé a los fondos públicos.

Su fundamento legal se encuentra en los artículos 43 y 66 de la Ley 8131 de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos. El artículo 66 establece que todos los ingresos que perciba el Gobierno de la República, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional, la que para administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones o en otra moneda.

¢54.000 millones

Ahorro logrado en 2014 con revisión de saldos de caja única

El artículo 43 indica que los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias se mantendrán en la caja única del Estado, y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación financiera que realice el Ministerio de Hacienda, con base en la programación que le presenten los respectivos destinatarios y en la disponibilidad de recursos del Estado.

Cuando el Ministerio de Hacienda “gira” esos recursos, dos cosas suceden i) El giro representa un “gasto” y por lo tanto aumenta el déficit fiscal. ii) Las entidades receptoras tienen derecho a hacer uso de los fondos “porque ahora son de ellas”. Sin embargo, al final del año, esos recursos no necesariamente son utilizados. Una parte se gastará el próximo año; a eso se le llama superávit comprometido. Otra parte, sin embargo, queda allí como una “reserva” que no tiene destino definido; a eso se le llama superávit libre. Este último puede pasar años sin ser utilizado, mientras, el Ministerio de Hacienda continúa presupuestando y girando las correspondientes partidas. Esta situación crea un efecto “bola de nieve” que crece de manera importante, afectando el gasto gubernamental y la eficiencia del sector público.

A la fecha se han incorporado a la caja única cerca de 2.042 instituciones públicas y privadas que administran recursos públicos provenientes del Presupuesto Nacional, tales como órganos adscritos, municipalidades, fideicomisos, fundaciones, juntas de educación y unidades ejecutoras de recursos externos, entre otras. Sin embargo, muchas de ellas registran saldos que se han ido acumulando durante los últimos años, producto de su propia sub ejecución presupuestaria. En los últimos cinco años, el saldo de caja única creció un 18% en promedio por año; a la fecha se mantienen saldos por encima de los ¢720 mil millones.

Esta situación hizo que desde el año 2014, la Tesorería Nacional empezara a aplicar un mecanismo de revisión de los saldos de caja única antes de autorizar nuevas transferencias. Solo en los últimos meses del 2014, esta revisión generó ahorros por un monto cercano a los ¢54.000 millones, lo que contribuyó a reducir el déficit fiscal de ese año.

Para promover la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de recursos públicos, estableciendo regulaciones para las entidades públicas, órganos, entes públicos y/o privados que reciben transferencias del Presupuesto Nacional, en mayo de este año el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, expediente 19.555. Este es uno de los ocho proyectos de la Administración Solís Rivera para avanzar hacia el fortalecimiento de la Hacienda Pública y la senda de la sostenibilidad fiscal. Actualmente, se encuentra en estudio de la Subcomisión de Asuntos Hacendarios

El artículo 4 de este proyecto otorga un plazo máximo de dos años, para que aquellas instituciones que sean declaradas con superávit libre al cierre del período económico, devuelvan dichos fondos al Presupuesto Nacional. De esta manera, se dejarían de acumular saldos innecesariamente, con el consecuente impacto en la reducción del déficit fiscal y se mejoraría el nivel de ejecución eficaz y eficiente en inversión pública por parte de las instituciones, que se verían comprometidas a utilizar bien los recursos asignados y en un plazo mucho menor que el acostumbrado hasta ahora. En el 2014, el saldo acumulado en la caja única representó el 2,5% del PIB, y el déficit financiero fue de un 5,7% de la producción nacional. Si se lograra eliminar ese saldo acumulado en caja única por años, el aporte a la reducción del déficit sería significativo.

Considerando la importancia que tiene este proyecto para transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos por parte de las entidades y su impacto en la reducción del déficit fiscal, su pronta aprobación se hace cada vez más necesaria.

Este sitio cuenta con un lector de texto en pantalla para personas ciegas y con baja visión. Para utilizarlo seleccione el texto con el cursor del mouse y presione el ícono que aparece.

Aumentar texto

  • A  A  A  A  A