Régimen de Empleo Público: un cambio necesario

Artículo del Viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora Lizano

Fragmentado, desigual y carente de criterios comunes es el panorama de remuneraciones de las trescientas veintiséis instituciones públicas costarricenses, las cuales en su enorme mayoría se encuentran fuera del régimen del Servicio Civil. Lo anterior es producto de muchos años de creación de incentivos numerosos, escalas salariales inadecuadas, convenciones colectivas onerosas y de aplicación laxa de beneficios como la dedicación exclusiva o la prohibición.

Corresponde ahora, con firmeza y gradualidad, iniciar el camino hacia esquemas de remuneración pública que favorezcan la eficiencia, responsabilidad y calidad del servicio público, en un contexto de equilibrio financiero, equidad, austeridad y respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores.

En efecto, se requiere transitar hacia un sistema de remuneraciones ordenado, que valore la naturaleza de las instituciones; que garantice criterios comunes de homogeneidad para establecer escalas de puestos y esquemas salariales acorde a procesos y resultados, y que tenga como ejes la calificación y profesionalización del trabajo público, la competitividad en el mercado laboral y la excelencia. Se trata entonces de poner en sintonía el sistema de remuneraciones con un Estado efectivo y austero.

El Gobierno de la República ya inició el camino. Contrario a la práctica generalizada seguida hasta ahora, se han denunciado todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, teniendo logros palpables a este momento en tres instituciones. Asimismo, se presentó una iniciativa de ley para poner tope a las pensiones de lujo y se apoyan medidas para frenar salarios desproporcionados.

Por su parte, las negociaciones de incremento salarial de los tres últimos semestres han seguido el criterio de austeridad, con aumentos de 1,14%, 0,94% y O,08%, acordes con la inflación. Además, a través de la Directriz 23-H, los jerarcas de los ministerios deben valorar e informar sobre la racionalidad y temporalidad de los contratos de Dedicación Exclusiva y Prohibición (art.19).

Junto con estas medidas, se trabaja en el Plan Integral de Gestión de Calidad en el Servicio Público, y el primer paso será la iniciativa de ley, de pronta presentación, para transformar el actual incentivo por anualidad en un régimen de evaluación de la excelencia en el desempeño, tanto de las instituciones como de los servidores públicos.

Por estas razones, y en virtud de que muchos cambios integrales requieren reformas legales para ser implementados, el Poder Ejecutivo exhortó la creación de una comisión legislativa mixta, con el fin de concertar soluciones viables, tanto desde el punto de vista técnico como político, sobre los temas centrales relacionados con empleo público. La decisión final sobre su constitución corresponde a la Asamblea Legislativa.

La hora del cambio nos ha alcanzado. Es evidente que el empleo público no puede continuar gestionándose con los criterios utilizados hasta ahora. Es labor de todos equiparar nuestro régimen a las exigencias de los tiempos. El Gobierno ya ha iniciado con su parte y renueva su compromiso con relación a estos temas, pero la ruta es larga y difícil, y se necesitarán muchos aliados durante el recorrido.

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