Renegociación de tres convenciones colectivas permite ahorro de ₡17.700 millones

Acuerdos en el BCR, CNFL y el AyA muestran que instituciones y trabajadores pueden lograr recortes; se esperan avances en procesos en JAPDEVA y RECOPE

La renegociación de las convenciones colectivas en el sector público, impulsadas por el Gobierno, ha permitido un ahorro de 17.700 millones en el Banco de Costa Rica (BCR), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Ese ahorro de recursos podría sumar ₡10.000 millones más, si tienen éxito las negociaciones en curso en la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

₡27.700

millones que se podrían ahorrar en las cinco convenciones colectivas

Al inicio de su Administración, el presidente Luis Guillermo Solís instruyó a los jerarcas para que impulsaran negociaciones con los sindicatos mediante la denuncia de las convenciones, en el período en el que lo establece la ley.

Ahorros en BCR,CNFL Y AyA

De esa manera, en el Banco de Costa Rica la negociación permitió en julio pacar un ahorro de ₡13.000 millones, mediante la disminución de los pagos por cesantía, las horas extras y la eliminación de los incentivos, entre otros acuerdos.

En el AyA se logró un acuerdo en julio del 2015 luego de nueve meses de negociación. Así se logró reducir el tope de cesantía y el sindicato accedió a dejar sin efecto algunas aspiraciones de mejorías en otros aspectos laborales. Todo eso condujo a un ahorro que se estima en ₡2.200 millones.

Entretanto, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, los trabajadores aceptaron en febrero pasado una rebaja en las anualidades, para lo cual se dio un cambio en la metodología para su cálculo. En la CNFL el impacto anual será de un ahorro de ₡2.200 millones.

Actualmente están en curso negociaciones en JAPDEVA y RECOPE donde la proyección es la de pactar acuerdos que permitan una reducción de gastos de ₡2.000 millones en la primera institución y de ₡8.000 millones en la segunda.

El Gobierno ha sido claro en que va a respetar la legalidad de las convenciones, pero ha exhortado a los sindicatos a acceder a una revisión a fondo para eliminar eventuales abusos y gastos innecesarios.

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